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El pasado 9 de octubre, en el marco del VII Congreso de Prevención y Asistencia de la Droga Dependencia que organizó Programa Cambio, se realizó el Encuentro Nacional de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina (FONGA) donde las entidades privadas de atención a drogodependientes volvieron a ratificar su posición ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la propuesta de una nueva política de drogas.

Por el futuro y el derecho a la vida de todos los ciudadanos.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara anticonstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal en adultos, y el debate sobre una nueva política de drogas para nuestro país nos exige la responsabilidad de reflexionar en profundidad sobre temas de suma importancia de cara al futuro.

Como referentes de gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que trabajan en al campo de la asistencia y prevención de las adicciones, queremos fijar nuestra posición sobre ambos temas, y aclarar una serie de puntos que a nuestro juicio se han presentado a la sociedad de manera confusa.

Las discusiones sobre el problema de las drogas planteadas en los últimos días a partir del fallo de la Corte Suprema se pueden ordenar por lo menos en tres planos: uno eminentemente jurídico, que hace referencia a la necesidad de adecuar todas las acciones relacionadas con la prevención y la asistencia de las adicciones con los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y derechos humanos; otro conceptual, que hace referencia a las distintas maneras de pensar el problema del consumo de drogas y las adicciones, los distintos análisis y diagnósticos sobre la situación actual, así como la formas más adecuadas de prevención y de abordaje terapéutico; y un tercer plano que denominamos ideológico – político que hace referencia a las tensiones entre distintos actores sociales que tratan de imponer una determinada mirada sobre el problema de las drogas por sobre las demás.

En base a estos tres ejes hemos establecido algunos criterios a tener en cuenta en la creación de una Plan Nacional sobre Drogas, y también expresamos nuestras opiniones frente al debate penalización-despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

Respecto a las cuestiones relacionadas con el ámbito de lo jurídico, consideramos acertado el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En varios documentos elaborados por esta Federación hemos resaltado la necesidad de considerar al consumidor problemático de sustancias psicoactivas como una persona cuya situación requiere de un abordaje educativo y socio - sanitario para su atención. No debe la ley sancionar penalmente a un consumidor solo por el potencial de peligro subjetivo que le otorga a esta conducta en base a prejuicios y estigmas sociales. Valoramos también que este fallo contribuya a introducir en la legislación sobre consumo de sustancias los principios fundamentales de respeto por la persona humana, consagrados en todas las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Salud Mental. La enorme complejidad que hoy presenta el consumo de drogas legales e ilegales, sumado a las implicancias dramáticas del narcotráfico sobre el tejido social, requieren de definiciones claras y precisas en varios ámbitos. Creemos que una legislación adecuada es uno de los pilares centrales de cualquier política sobre drogas que pretenda un impacto transformador en la sociedad.

Las cuestiones judiciales que hoy dominan el centro de la escena no deben hacernos perder del vista que los ejes de la discusión son extremadamente más complejos. El carácter de una norma jurídica –más permisiva o más represiva-no alcanza para explicar el desarrollo de prácticas sociales como el consumo de sustancias. Tampoco representa en sí misma la solución a un problema que, fuera de toda duda, tiene su origen en una multiplicidad de factores. En efecto, el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales no puede ser explicado solamente por el componente de trasgresión a la ley que lleva implícito. La pobreza y la exclusión social, el deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la clase media, la falta de expectativas hacia el futuro –muy especialmente en los jóvenes-, la cultura del consumo indiscriminado y del individualismo extremo, los cambios radicales en las formas de organización familiar, y el contexto de criminalidad en el cual un consumidor debe desenvolverse para proveerse sustancias, son algunos de los factores del orden de lo social, económico y cultural con mayor presencia en la generación de condiciones que favorecen el consumo de drogas. Y deben ser considerados en el mismo nivel que los factores jurídicos.

El fallo de la Corte Suprema pone también en discusión el papel del Estado en la construcción de una política de drogas efectiva. Si bien el Estado, a través de la SE.DRO.NAR y de varios organismos nacionales, provinciales y municipales, y a través del la cobertura exigida a las Obras Sociales en el tema adicciones, ha facilitado en estos último años el acceso a tratamientos específicos a muchos ciudadanos cuya situación lo requería, las carencias y falencias actuales en políticas sanitarias y educativas son alarmantes. Por ello urge establecer nuevas Políticas Públicas en relación al consumo de drogas, con una creciente inserción en el seno de la sociedad, una estrategia a mediano y largo plazo y una sólida articulación con la red de ONG’s que existen en Argentina. Privilegiando un especial enfoque en las poblaciones infantiles y juveniles más vulnerables.

Esta carencia no puede ser atribuida exclusivamente al modelo actual de abordaje del problema de las drogas. En gran medida se debe a los magros presupuestos asignados a las áreas vinculadas a la drogodependencia. Como ya señalamos, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales y Municipales han mostrado poco interés respecto al problema de las drogas, y más allá de los diversos discursos que se han elaborado- salvo en cortos períodos que fueron la excepción- nunca la inversión en prevención y atención de las adicciones ha sido prioritaria. No cabe duda, entonces, que tanto el rol de Estado como el modelo de abordaje de la drogodependencia deber ser revisado y reformulado en gran parte. Sin embargo, no creemos sensato desconocer ni desprestigiar lo que se ha logrado hasta el momento. La experiencia e infraestructura en relación con las adicciones que tanto el sector público como las ONG’s han consolidado con gran esfuerzo debe ser el punto de partida de cualquier nueva política de drogas. Dicho capital de acción debe ser desarrollado y fortalecido en el futuro Plan sobre Drogas. De ninguna manera debilitado y menos aún desmantelado.

Un aspecto central que fundamenta este documento es el reclamo de las ONG’s de FONGA que, por su historia, desarrollo, red de servicios existentes y aportes históricos en este tema tan complejo, entienden que deben ser convocadas por el Estado Nacional, como así también por las Provincias y Municipios, en el armado de las Políticas Públicas sobre drogas. Las ONG’s han sido en muchos casos los espacios iniciales de formación y desarrollo de muchos profesionales que llegaron a ocupar cargos públicos en el campo de las adicciones, y han sido, históricamente, las primeras en responder -con muchos aciertos y lógicos errores-, las necesidades de prevención y asistencia que el consumo de sustancias generó en la sociedad. Incluso acompañaron a muchos de los organismos estatales especializados en sus inicios. Desconocer el protagonismo de las ONGs a la hora del armado de Políticas Públicas y los aportes que pueden dar en dicha tarea es ignorar la valiosa sinergia que el Estado puede encontrar en esta alianza.

En el documento que elaboramos en 2008 en relación a este mismo tema, definimos nuestra posición respecto del papel del Estado y de las características que debe asumir una política de drogas coherente. Decíamos que la respuesta al problema del consumo de drogas debe estar orientada por una perspectiva integral que, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, articule claramente las dimensiones legales, psicológicas, antropológicas, sanitarias, sociales, culturales y educativas que le son constitutivas, y considere el fortalecimiento de todos los dispositivos, educativos, preventivos y de atención que garanticen un abanico de posibilidades para su abordaje, incorporando los modelos de reducción del daño y todos aquellas estrategias de trabajo que surjan a la luz de los actuales avances en las ciencias sociales y de la salud. Esa respuesta debe estar a cargo de un organismo específico que nuclee todas las tareas de educación, prevención, asistencia, e investigación. El mismo debe contar con autonomía administrativa y política, así como con la capacidad técnica necesaria para articular las áreas ministeriales de salud, educación, trabajo, desarrollo social, cultura. Y fundamentalmente contar los recursos presupuestarios necesarios para esta tarea. Por otra parte, un Plan de Drogas que pretenda una inserción de largo alcance en la sociedad debe postularse claramente como una Política de Estado, quedando resguardado de los avatares político - institucionales y asegurando su continuidad en el tiempo.

Consideramos de orden estratégico en una nueva política de drogas la conformación de un organismo autónomo especialmente enfocado al abordaje de las adicciones, con presupuesto propio y recursos humanos altamente capacitados, incluido en una sólida política de estado, que no mezcle en sus objetivos el abordaje educativo y socio - sanitario del consumo de sustancias con la llamada “lucha contra el narcotráfico”. Experiencias como la anterior Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, o como muchos de los actuales organismos provinciales agrupados en CO.FE.DRO que se orientan hacia problemáticas de Prevención y Asistencia de las Adicciones deberían reaparecer y/o fortalecerse a fin de que las Políticas Públicas locales potencien sus esfuerzo y capacidad, vinculándose con las ONGs de cada localidad a fin de consensuar estrategias de acción.

Como se desprende de este documento, son las ONG’s el otro pilar fundamental de una política de drogas que pretenda llegar a todos los ciudadanos. La Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas estima que aproximadamente el 80 % de las personas que reciben atención por problemas relacionados con los drogas lo hace en una ONG. Si bien no tenemos estimaciones exactas, algo similar ocurre en nuestro país si sumamos los esfuerzos en prevención, asistencia, capacitación, y reducción de daños. Esto se explica, entre otras cuestiones, por la inserción social y comunitaria que las entidades de la sociedad civil han alcanzado luego de muchos años de trabajo, y por la calidad y efectividad de sus programas*.

Los temas relacionados con la calidad y la efectividad de nuestros programas son centrales en las tareas que hoy desarrolla FONGA. En efecto, las instituciones Federadas hemos dejado atrás hace mucho tiempo el voluntarismo que caracterizó nuestros orígenes**. Este se ha transformado en una voluntad permanente de crecimiento, formación de recursos, investigación y docencia. Todas las instituciones cuentan con equipos interdisciplinarios, constituidos por médicos, psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, sociólogos, trabajadores sociales, docentes, operadores socioterapéuticos, enfermeros. Han sido habilitadas por las autoridades sanitarias correspondientes y reciben auditorias mensuales de diversos organismos del estado. Todo esto se ha llevado a cabo con gran esfuerzo por parte de las instituciones, ya que contrariamente a lo que se afirma en algunos medios, la mayoría de las Ong’s argentinas prácticamente no reciben subsidios de ningún organismo para el desarrollo de sus actividades, como tampoco tienen acceso al crédito de la banca pública o privada.

El gran compromiso que históricamente han asumido las instituciones con su tarea es lo que ha permitido que en los últimos años la capacidad de atención en programas tanto ambulatorios como residenciales alcance las 4500 plazas en todo el país. Actualmente se están definiendo los últimos detalles para la implementación de un programa de Certificación de Consejeros Terapéuticos en Adicciones coordinado por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y auspiciado por Naciones Unidas, destinado al desarrollo de competencias de calidad por parte de los operadores, técnicos y profesionales que forman parte de los equipos técnicos de las ONG’s. Por otra parte la calidad de nuestro trabajo y producción teórica muestra su reconocimiento en la inserción que muchas entidades tienen en distintas Universidades de nuestro país, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de San Juan, entre otras.

En los últimos años las ONG’s han diversificado sus programas preventivos y terapéuticos según los nuevos problemas que el consumo de sustancias fue planteando. Hoy existen programas especializados –tanto residenciales como ambulatorios- para niños, adolescentes y adultos de ambos sexos, así como programas para pacientes con doble diagnóstico. Un papel muy importante que las Ong’s desempeñan actualmente está relacionado con una problemática que hoy asume ribetes dramáticos: el consumo de pasta base o “paco”. En poco tiempo las Comunidades Terapéuticas han desarrollado programas de trabajo que permiten dar cuenta de muchos de los serios problemas que plantea este tipo de consumo***. Entre el 60 y el 80 % de la población atendida en Buenos Aires ha transitado la experiencia de consumo de pasta base y una buena parte de ellos logran una reinserción saludable en su medio familiar y social. Por otra parte, nuestra Federación se encuentra desarrollando un programa conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como objetivo la intervención con niños y niñas consumidores de drogas en situación de calle. También en distintas provincias argentinas las acciones de ONG’s han sido pioneras en el tratamiento de las adicciones desde dispositivos complejos como son, por ejemplo, las Comunidad Terapéuticas Residenciales o Comunidades de Día: Salta, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, y muchas otras provincias son muestra de ello.

Aunque el desarrollo de las ONG’s afiliadas a FONGA comenzó con la puesta en marcha de distintas Comunidades Terapéuticas a mediados de la década de los 70, nuestro movimiento no se limitó a esta única oferta asistencial, ya que con los años comenzaron a desarrollarse proyectos de Prevención Comunitaria, Prevención Escolar, Comunidades de Día y de Noche y distintos modelos de Programas de Asistencia Ambulatoria. Se equivocan quienes identifican a las ONGs como entidades que solo proponen internación para sus asistidos. Sin embargo hoy en día, debido al avance de la exclusión social que impacta sobre todo en la población más vulnerable -niñez, adolescencia y juventud- es necesario la creación de nuevas estrategias de acción. Por ello creemos que la Prevención, la Asistencia, la Reducción del Daño, la Capacitación, y la Investigación deben desarrollarse de manera creativa a fin de responder a las nuevas preguntas que plantea la actualidad social en el tema del consumo de sustancias.

Por eso resaltamos que uno de los objetivos esenciales a lograr en la relación entre el Estado y las Ong’s debe estar dirigida al diseño conjunto de modelos institucionales adecuados a los nuevos problemas que plantea el consumo de drogas, como así también a la formación y actualización de los recursos humanos que tales dispositivos requieren.

Por otra parte consideramos que en el debate público todos los actores debemos ser cuidadosos a los efectos de no banalizar el consumo de drogas. Asignarle el atributo de “recreativo” a algunos consumos no les quita el carácter de práctica de riesgo. Si bien la propuesta de descriminalizar al consumidor por su acto de tenencia de drogas nos parece un avance en la materia, debemos ser sumamente cuidadoso en la manera en que esto se comunica a la población no experta en el tema que puede confundir “despenalización” con “legalización”, y “descriminalización” con “invitación al consumo”. Por ello el mensaje de nuestra Federación se posiciona en entender la despenalización como positiva en razón del respeto de la libertad personal en las elecciones morales, pero enfatizando los riesgos inherentes a toda práctica de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales la cual se desaconseja taxativamente. Por otro lado, y debido a la profunda inserción social que tienen muchas de las ONGs de Fonga, la cual las pone en contacto con poblaciones sumamente vulnerables, y que por no estar insertas en ámbitos formales como la escuelas o trabajos estables, son invisibilizadas por la mayoría de las estadísticas oficiales que intentan dar cuenta del mapa epidemiológico del consumo de drogas, vemos la necesidad de incluir en la actual discusión sobre las políticas de drogas la amplia variedad de contextos sociales, que van desde los más adversos, a los más protegidos, en los cuales las mismas prácticas de consumo adquieren distintos significados.

Algunos medios señalaron en estos días que en nuestro país entre 35.000 y 50.000 personas al año buscan asistencia por problemas relacionados con el consumo de drogas y no la consiguen. Estas estimaciones muestran que el problema que debemos enfrentar como sociedad es grave y requiere, a nuestro juicio, de la utilización de todos los recursos humanos e institucionales disponibles. Plantear en términos antagónicos la relación entre Estado y ONG’s sería un error de gravísimas consecuencias en este marco social tan vulnerable. De lo que se trata es de lograr acuerdos en objetivos y respetar la propuesta de distintos métodos operativos sustentados en teorías y prácticas ya probadas. Si algo ha quedado claro en quienes conocemos el problema que plantea el consumo de drogas es que no hay un solo saber o una sola metodología que pueda resolverlo. Y que si bien las experiencias de otros países deben servir de referencia, no debemos copiar mecánicamente fórmulas supuestamente exitosas en otros contextos. El gran desafío que tenemos por delante es encontrar nuestro propio camino.

Comisión Directiva de FONGA.

Septiembre, 2009.

*Es un grave error afirmar que existe un vínculo directo entre la aún vigente ley 23737, que sostiene la penalización de la tenencia de sustancias para consumo personal, y el acceso de las personas a los distintos programas de tratamiento. Las versiones que sostienen que la actual ley de drogas facilita el negocio de las internaciones faltan a la verdad ya que no tienen ningún sustento real.

**Y que durante mucho tiempo permitió la supervivencia de nuestras instituciones a través de los cambiantes escenarios socioeconómicos que atravesó nuestro país, sin que se deteriorara la capacidad y la calidad de la atención.

***Cabe señalar que son muy pocas las instituciones oficiales de salud que aceptan trabajar con niños y adolescentes consumidores de pasta base.

FUENTE: www.fonga.org.ar