“Políticas erráticas ante el narcotráfico” es una carta publicada por la Voz del Interior. Su autor es nada más y nada menos que el comisario mayor (R) Javier Benavides, ex jefe del Departamento Programas de Prevención de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa. El Narcotráfico es “un tema de seguridad humana que pone al ser humano en el centro de las preocupaciones de las autoridades políticas, y que requiere precisamente políticas públicas sostenidas” dice Benavides para resaltar la ausencia de las mismas.

Recientemente se conoció extraoficialmente la disolución del Departamento de Prevención de las Adicciones, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba, lo que me llevó a realizar algunas consideraciones, en virtud del interés publico que logró el accionar de esa dependencia en la sociedad cordobesa.

Fue un ícono preventivo de la policía; de su gestión nació el Programa Jóvenes Preventores, único a nivel nacional por sus características, del que participaron más de 100 mil jóvenes de Córdoba y de provincias vecinas. A lo largo de sus siete años de implementación, capacitó a miles de docentes y asistió a otras tantas familias.

Este departamento respondía desde una función social, no como un mero asistencialismo, sino –por el contrario– con una estrategia racional calculada sobre la comunidad, que pretendía vuelva al Estado como una fuerza social capaz de dar cuenta de las causas que originan este síntoma de una cultura del malestar. No es ajeno para aquellos que conocen la problemática del uso indebido de drogas, el conflicto que le genera al Derecho la víctima del narcotráfico, ya que por un lado es una víctima pasiva –como enfermo adicto– y por otra activa –como consumidor voluntario–. Ante esas realidades, el Derecho castiga mediante fórmulas lógicas y abstractas a espaldas muchas veces del drama social, lo que irremediablemente nos lleva a una situación de tensión en el sistema.

Desde este enfoque, se podría decir que el dispositivo de trabajo hoy desaparecido, percibía el dilema moral que suscita la víctima frente al control social del narcotráfico. Tal situación impuso asumir una postura ética, con una mirada amplia desde la Victimología, por la cual transitaron a diario la difícil tarea de liberar estas tensiones mediante mecanismos fiables, transparentes, sin doble discurso.

Porque la realidad del sujeto infractor no se agota en él, sino que se extiende a otras personas que son afectadas; ambos necesitan una acción humanizante que permita respetar la subjetividad, y que a la vez pueda comprender que esta actitud opuesta a su deseo por parte del Estado, es legítima y se funda en la voluntad misma de la sociedad.

En suma, se intervenía en el requerimiento de legitimidad de la pretensión de obediencia, porque fuera de ella, se puede interpretar el accionar policial como un mero acto de fuerza y la pretensión de castigo en escándalo. En términos de reflexión foucaultiana, se diría que se articulaba la fuerza del Estado y la felicidad de los individuos, que eran efectivamente útiles al acrecentamiento de las fuerzas de aquél.

Hoy asistimos a un cambio en la visión de las competencias y responsabilidades de la policía en la lucha contra el narcotráfico, producto tal vez de una política de fortalecimiento de un estado penal. O será una decisión guiada por un pensamiento express, muy frecuente en estos tiempos de inmediatez, y que se ha tornado en un modelo de racionalidad.

Es por ello que 25 años de trabajo silencioso de esta área específica de la policía se recuerden como un fugaz intento de aporte a la prevención de las adicciones. Sin embargo, nuestra sociedad esta ahí, esperando una repuesta a un fenómeno que se han transformado en una nueva amenaza, porque hay una voluntad hostil y deliberada en los que comercializan drogas.

Esta nueva amenaza afecta principalmente a las personas, a la población civil, a las comunidades y sus valores, a la totalidad de sus instituciones. Insistimos en decir que estamos frente a un fenómeno social complejo, multicausal, dinámico, inquietante, que requiere de un pensamiento reflexivo-creativo, que ofrezca renovadas y múltiples respuestas.

Necesitamos una aproximación desde los múltiples aspectos que posee el narcotráfico, en el que se debe considerar a éste como una forma de delincuencia organizada transnacional. Ello impone una ampliación de los actores habituales relacionados con la formulación y ejecución de políticas públicas.

El narcotráfico dejó de ser un problema netamente policial o judicial, y se concibe hoy como un tema de seguridad humana que pone al ser humano en el centro de las preocupaciones de las autoridades políticas, y que requiere precisamente políticas públicas sostenidas.

En el mejor de los casos, en que contemos con una eficaz gestión publica, este fenómeno social resulta un proceso inacabado, inconcluso, que deviene en una construcción cotidiana, que lleva su fin en sí mismo, y exige a sus protagonistas compromiso, coherencia y continuidad. Todo con el objetivo de brindar a las generaciones futuras la fortaleza espiritual necesaria que les permita una sabia renuncia a una esperanza sin forma, que significa el camino de las drogas.

FUENTE: La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, el jueves 6 de agosto de 2009.