Una editorial del periodista Juan Federico en La Voz destaca puntos preocupantes. La prevención no tiene presupuesto y la lucha contra el narcotráfico está desfinanciada. “El reclamo de planes de prevención en droga no ha tenido un correlato en los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales” dice y remarca que las autoridades escolares no están autorizadas a hablar del avance de las adicciones en sus establecimientos. » Sebastián García Díaz tenía razón » En un día, habrían juntado $35 mil vendiendo droga en barrio Maldonado

En la mayoría de las audiencias para el Presupuesto Participativo en los CPC de la ciudad de Córdoba, la demanda por más estrategias de prevención de las adicciones figura a la cabeza de las propuestas acercadas por los vecinos. Se trata de un reclamo que surge desde los barrios de Capital, pero que hasta ahora no ha tenido un correlato en los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales encargados de este tema.

Mientras los narcotraficantes avanzan con un dinamismo asombroso en las estrategias para ingresar y elaborar droga en la provincia, las respuestas ante el drama social que esto trae aparejado no han sido tan veloces ni eficientes.

A esta altura de 2010, aún hay directivos y docentes de escuelas que ante los medios no pueden hablar de manera pública sobre consumos problemáticos de sustancias entre los alumnos. En caso de hacerlo, sufrirán el reproche desde altas esferas.

Este absurdo no puede tapar que hoy en la Capital y en las principales ciudades de la provincia la droga se puede obtener con una facilidad asombrosa, en cualquier barrio y sin distinción de clases sociales. En vastos sectores, se está conformando una especia de “para-sociedad”, con códigos propios y una economía conformada en torno del fenómeno “narco”.

Para muchas familias desesperadas por la crisis de 2001, y que se volcaron durante esos años a la venta de droga como una alternativa económica, hoy el mercado ilegal se tornó en una salida estructural.

Ante esto, la única respuesta oficial concreta ha sido, hasta ahora, la creación de la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones (Sepadic), que con un presupuesto ínfimo (este año se destinaron 2,57 millones de pesos) se las rebusca para elaborar estadísticas confiables y proponer planes de acción en conjunto con los municipios –incluso logró la aprobación del Primer Plan Provincial sobre Adicciones–, entre otras acciones desarrolladas en medio de una precariedad presupuestaria que llama la atención.

El resto se reduce a esfuerzos quijotescos de ONG y personas particulares comprometidas, que aparecen como paliativos (con ideas más que originales de prevención y tratamientos) ante un poder, el del “narco”, que continúa alargando la brecha.