Por Ricardo Carossino | Mientras en el distrito se secuestran miles de kilos de sustancias ilegales, el HCD debate la prohibición de las tuqueras. El PRO dio la iniciativa. El GEN criticó la medida. En la Argentina hay más de cuatro millones de personas adictas.

Avellaneda ha sido protagonista, apenas en el último mes de julio, de resonantes casos de incautación de drogas, con secuestros de miles de kilos, tanto de cocaína como de marihuana. Mientras, el Concejo Deliberante debate la prohibición de adminículos que pudieran sugerir el consumo, tema que se relaciona más con la problemática de las adicciones que con el narcotráfico.

Las adicciones y el consumo de sustancias lícitas e ilícitas constituyen un problema de esta generación y desbordan las capacidades de comprensión y acción de las diversas disciplinas orientadas a sus cuidados.

Asimismo, las dificultades para su tratamiento son mayores debido a que la edad de inicio es cada vez más temprana y a que las condiciones psicosociales son más complejas.

Desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el médico Abel Gonzaga advierte: “El problema de las drogas debe ser enfocado de modo multidimensional, incluyendo las distintas etapas: el cultivo ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución”.

El complejo tema de la adicción y el narcotráfico, que ante tratamientos, a veces, tan superficiales como algunos que se plantearon en Avellaneda, requiere, al menos, un criterio de investigación que permita sostener proyectos y políticas locales para la prevención.

Una de las novedades en este tema es el HCD. Desde el ámbito deliberativo, el PRO picó en punta y propuso un proyecto, al menos polémico, que despierta el debate, dado que —según el edil macrista que lo presentó— “con esto se sabrá quién está por el bien común o por el bien personalista en el Concejo”.

Según la nota de la periodista de Diario del Sur Mariana Aquino, el bloque que lidera el edil macrista Daniel García quiere conseguir el respaldo de todo el Cuerpo para sancionar a los dueños de locales y puestos de feria que vendan “elementos para el consumo“; el cargo que prevé la iniciativa es “apología de las drogas”.

De acuerdo con lo manifestado por el edil, de ser aprobad el proyecto “cabría a todo comerciante que venda productos para un presunto consumo de estupefacientes. La ordenanza estima multas y hasta la clausura de locales”.

“Si se promociona el consumo mediante la venta de elementos como las vulgarmente conocidas ‘tuqueras’ o las ‘pipas de agua’, están haciendo apología del delito”, remarcó el concejal y agregó que, “de comprobarse la venta de elementos de este tipo, se procederá a retirar la mercadería del local, aplicarle una multa y, si reitera la infracción, se clausura el local”.

Más de cuatro millones de personas son adictas

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) realizó un sondeo que arrojó datos alarmantes. Según sus estadísticas, hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína. Según el informe, habría 2.754.000 de personas que consumieron marihuana (15,8 por ciento) y 1.376.000 (7,9 por ciento) que inhalaron cocaína.

En cuanto a las sustancias psicoactivas de venta libre, se habla del importante consumo de alcohol, hecho por el 73% de la población. El 42,2% de los chicos entre los 12 y los 17 años aseguran tomar cerveza o vino. Cifra que trepa al 74,5 por ciento en el segmento entre los 18 y los 24 años. Mientras que el 51,7% se declara fumador de tabaco.

En tanto, los mayores niveles de uso de drogas ilegales se dan en la Capital y el Conurbano bonaerense, con el 7,5 por ciento de la población como consumidora de marihuana y el tres por ciento, de cocaína. Sedronar realizó el trabajo de campo en 2006 sobre 56.000 casos. Para éste, se tomó en cuenta la población de entre 12 y 65 años, en ciudades de más de 80.000 habitantes.

El 6,9 por ciento de los encuestados (1,2 millones de personas) admitió haberla consumido en el último año. Mientras que el uso de pasta base de cocaína, también conocida como paco, y del éxtasis es del 0,5 por ciento (algo más de 80.000 personas).

Casos policiales de Avellaneda

Tan solo en el último mes, Avellaneda ha sido protagonista de hechos policiales que demuestran a las claras el lugar de tránsito que representa este municipio.

El pasado 14 de julio, se secuestraron 1000 kilos de marihuana en Villa Domínico. El jefe departamental de Avellaneda, Jorge Bonino, confirmó que la droga era trasladada en el interior de un camión, dentro de paquetes de un kilo cada uno. El cargamento estaba disimulado con maderas.

El 21 de julio, la Policía Federal incautó 1200 kilos de cocaína, ocultos en muebles de una empresa de Avellaneda, que serían transportados a España. Los investigadores aún intentan determinar, por los logotipos usados en los embalajes de la droga, si hay alguna relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Apenas dos días más tarde, detuvieron a un hombre por vender droga en su casa. Se trataba de una persona de 34 años, que comercializaba estupefacientes en una vivienda de la calle Manuel Estévez. Secuestraron 130 gramos de cocaína, 670 de paco, un revólver calibre 38 con cinco cartuchos intactos, un revólver calibre 2 largo, además de 5000 pesos en efectivo.

El GEN pide profundizar el debate

Consultado al respecto sobre el tema, el concejal del GEN de Avellaneda, Rubén Conde, afirmó que “si uno ve los últimos casos de secuestro de drogas en Avellaneda y hace un mapa del conurbano, en seguida se da cuenta de que ha habido gran cantidad de decomiso de drogas y sería importante dar ese debate. En una reunión sobre el tema con el Ejecutivo, el PRO no se hizo presente”.

La crítica hacia el PRO de Conde advierte incluso que el proyecto que presentó el bloque de Daniel García “no es una manera de combatir la droga y es poco serio”. En tanto, agregó que “la iniciativa parece una cuestión efectista”, y recalcó que “la discusión no pasa por quién vende una tuquera, sino por ver dónde están los generadores del narcotráfico”.

El espíritu de la Ley 23.737

Consultado al respecto por este medio, el abogado especializado en cuestiones de adicciones, Darío Galván, recordó que existe ya una ley que reglamenta el tema de las drogas y es la 23.737.

En el artículo 10 dice que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años el que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores (uso de estupefacientes). La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes”.

Es interesante también recordar el caso del funcionario del Ejecutivo local, Claudio Yacoy, denunciado por la alumna de un colegio, ya que, supuestamente, habría asegurado que “fumarse un porrito en la puerta del colegio” no era delito.

El abogado Galván recuerda que el artículo 11 de la ley refiere que es delito si se consumen estupefacientes “en inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales”.

La tibia voz del oficialismo

En tanto, desde el oficialismo informaron que el intendente Jorge Ferraresi mantuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires Gabriela Torres.

Con el estilo formal del Intendente, se anunció como si se tratara del inicio una política aplicada a la problemática, “planificar acciones que permitan comenzar a trabajar en forma conjunta temas relacionados con las adicciones en la ciudad. Durante la reunión ambas partes acordaron comenzar a trabajar en el armado de talleres lúdicos y culturales”.

“Cabe destacar que el objetivo de ambas carteras es lograr la integración de una red de servicios de atención para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de farmacodependientes”, explicó la Municipalidad.