El pleno de las autoridades de FONGA

La situación en la que hoy se encuentran las políticas oficiales de prevención y asistencia de las adicciones parece indicar con claridad creciente que el tema no representa en la agenda real del poder un punto significativo.

Es un momento en el que la distancia entre los discursos y las prácticas parece ser definitivamente enorme. Por una parte escuchamos reiteradamente en los medios de comunicación la preocupación de los dirigentes políticos por el problema que plantea el consumo de drogas. Es cierto que, en general, la preocupación no hace hincapié en los aspectos sanitarios de la cuestión, sino preferentemente en los aspectos de seguridad. Dirigentes, funcionarios y periodistas consideran que la inseguridad que asola nuestro país -tal es la magnitud que le asignan los medios de comunicación- está vinculada de una u otra forma al "problema de la droga".

El gobernador Daniel Scioli colocó el tema como uno de los ejes centrales de su gestión. Afirmó en muchas oportunidades que nadie lo detendrá en la lucha contra el narcotráfico y la droga. Su jefe de Gabinete, Alberto Pérez sostiene que el gobernador viene diciendo desde el primer día de gestión que “La droga mata a quien la consume y destruye familias, además de generar violencia en la calle. Tenemos la indicación del Gobernador, todos los ministros, que cada uno desde su lugar combata este flagelo.” (Agencia Federal de Noticias)[1].

En oportunidad de la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en lo menores de edad, el Lic. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, manifestó en cuanto medio tuvo a su alcance su enorme preocupación por la situación crítica en que se encuentran los niños y adolescentes de la provincia, castigados de manera implacable por la exclusión social, el delito y la droga “

En afirmaciones a una emisora radial, el ministro de Desarrollo bonaerense se refirió a la problemática de los jóvenes y el paco y -ante la crítica situación que atraviesa esta franja etaria- solicitó al conjunto de la sociedad aunar esfuerzos con el propósito de mejorar la realidad de estos jóvenes” (Agencias de Noticias La Provincia)[2]. Y se comprometió a asignar un presupuesto sustancialmente mayor al actual para el área de niñez y adolescencia.

Por su parte, el Ministro de Justicia Aníbal Fernández, en su cruzada en favor de la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal [3], ha denunciando la falta de políticas efectivas en la materia, confrontando con el Secretario de SE.DRO.NAR, quien se muestra preocupado, a su vez, por el paupérrimo presupuesto de que dispone para afrontar su tarea a nivel nacional (Clarín, 15-03-09).

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, manifestaba cuando era legislador que es "el Estado el que tiene la obligación de asumir el grave problema del consumo de drogas", porque "del éxito de la batalla dependen las futuras generaciones argentinas".(27-09-06 parlamentario.com) [4]; y hasta la presidenta Cristina Fernández en alguno de sus discursos, han manifestado su preocupación por este "flagelo" que crece sin parar “Cristina llamó a hacer "un pacto en la sociedad" para "poder ayudar y ayudarnos a comprender el problema, porque si uno no lo conoce no puede formular las políticas adecuadas para solucionarlo" (Clarín, 30 de Junio de 2008).. Y podemos seguir con una lista interminable.

Sin embargo, todos los organismos estatales que tienen a su cargo ocuparse directa o indirectamente del problema del consumo de drogas se encuentran hoy en un virtual abandono de las políticas de prevención y asistencia de las adicciones. Algunos mantienen deudas de hasta cuatro y cinco meses con las organizaciones no gubernamentales y del ámbito de la actividad privada; no se actualizan los valores de las prestaciones, con lo que se atenta de manera directa contra la calidad y eficacia del trabajo que éstas organizaciones realizan. Un caso paradigmático de esto –que ya hemos señalado en otras oportunidades- es el de la Administración de Programas Especiales –APE-, organismo del estado que mantiene el valor de las prestaciones en drogadependencia prácticamente en los niveles del año 1997. Casualmente es el valor de referencia por el que pretenden guiarse las Obras Sociales y la Prepagas.

Para aportar un ejemplo muy claro sobre lo que decimos, basta mencionar que acaba de renunciar la Subsecretaria de Atención a las Adicciones de la Provincia de Bs. As. por la sistemática negativa del Ministerio de Salud de aportar los fondos necesarios para que la Subsecretaría cumpla con la delicada tarea que tiene asignada. El panorama que hoy se presenta en la provincia es desolador: CPA - Centros Provinciales de Asistencia- con medidas de fuerza porque sus profesionales no cobran; y no solo eso sino que deben poner dinero de su bolsillo para los gastos operativos de cada centro. Las Ong's que atienden a más de 250 pacientes de la Subsecretaría están al borde de cesar en sus prestaciones porque no cobran desde diciembre; el Ministro se niega a firmar el aumento de las prestaciones por tratamiento, que se mantienen en valores de Junio de 2007.

Otro lamentable ejemplo que debemos incluir aquí es el del Ministerio de Desarrollo social de la Provincia de Buenos Aires. Aún no se han firmado las renovaciones de los convenios con las ong's que atienden diversas problemáticas de la niñez y la adolescencia. Con lo cual el Ministerio no paga los servicios desde el mes de enero de 2009, ni ha hecho efectivo el aumento del valor de las prestaciones al que se comprometió desde fines del año pasado. Considerando que el Estado provincial casi no tiene infraestructura propia para asistir a estos niños, también en este área la provincia está al borde del colapso. Nada más contradictorio con la ley 13298 de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes que defienden férreamente.

Todo esto, además de ser absolutamente contradictorio con los últimos discursos del Sr. Gobernador, vulnera el derecho de las personas de la provincia a su acceso a tratamientos por adicciones dignos y de calidad (Hoy hay un gran número de jóvenes que no pueden acceder a tratamiento ya que la provincia no tiene lugares disponibles por falta de pago).

Del mismo modo que atenta contra una gran cantidad de trabajadores de la salud -tanto públicos como del sector no gubernamental- que no reciben sus salarios.

Esta situación sumamente grave fue denunciada hace 15 días en los diarios La Nación y Perfil en sus ediciones del sábado y domingo por nuestra Federación -FONGA-, sin que a la fecha haya existido una respuesta concreta.

Las consecuencias del abandono de hecho en que se está incurriendo impactan en la actualidad con perspectivas muy oscuras para el futuro:

· La calidad de los tratamientos y de los recursos humanos que trabajan en el campo de las adicciones se deteriora a pasos agigantados;

· La excelencia y buena atención que reciben los pacientes actualmente, corren casi por exclusiva cuenta de del esfuerzo y el compromiso que sostienen las Ong’s;

· Los recursos humanos especializados del ámbito público y del tercer sector migran hacia otro tipo de actividades;

· La red pública de la provincia de buenos Aires -la mas grande de América Latina- se desarticula sin prisa y sin pausa por las mismas causas;

· No se discuten y ni planifican políticas preventivas, educativas y asistenciales acordes a las características que la problemática asume hoy en día;

· No se financian programas de investigación ni formación de recursos humanos; no se discute un presupuesto adecuado;

· Muchos funcionario ni siquiera conocen el trabajo que se realiza en sus áreas;

· Al abandonar el apoyo a las redes comunitarias de contención e intervención sociosanitaria, se deja al campo libre para una perspectiva represiva, que no hace más que agravar el problema, estigmatizando gravemente a los jóvenes consumidores de drogas. Especialmente a los de sectores sociales más desprotegidos, quienes sufren un suerte de triple exclusión: una de orden socioeconómico; otra de carácter sociocultural, debido al estigma de ser adicto (y, además, pobre); y otra de orden sanitario, al quedar seriamente vulnerado su derecho a la salud.

· Reforzando este aspecto se encuentra la tarea de algunos medios periodísticos –fundamentalmente televisivos- que de manera bastante poco sutil aportan a la construcción de los jóvenes (especialmente menores de edad y marginales) como el nuevo enemigo a combatir, señalándolos como absolutos responsables de la "inseguridad" que permanentemente se encargan de propagandizar en sus editoriales.

Creo que los medios deberían ocuparse de investigar este tema, que adquiere ribetes tan dramáticos como el dengue –hoy triste protagonista de todos los noticieros-, y que como él, golpea con más fuerza en lo sectores sociales mas desprotegidos, especialmente en niños y adolescentes.

Lic. Fabián Chiosso

Sociólogo, Director de la C.T. Santa Clara de Asís

Secretario de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina –FONGA-

[1] http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=247192&ID_Seccion=33

[2] http://www.agencialaprovincia.info/index.php?option=com_content&task=view&id=36660&Itemid=12

[3] Cuestión que merece un tratamiento aparte.

[4] http://parlamentario.com/noticia-5735.html