Revista La Tecla - “Atender la adicción es tan importante como combatir al narcotráfico. Por eso, enviaremos a esta Legislatura el proyecto de creación de una secretaría de Prevención y Atención de las Adicciones, para que se ocupe al más alto nivel de esta seria problemática”. Mensaje del gobernador Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 137º período de sesiones ordinarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no convirtió a la Subsecretaría de Atención a las Adicciones (SADA) en una secretaría de Estado, como anunció el primer mandatario en el mes de marzo. El área, en cambio, pasó de depender del ministerio de Salud a estar bajo la órbita de la cartera de Desarrollo Social.

Mientras los diferentes funcionarios provinciales continúan resaltando los logros de los operativos de seguridad en cuanto a cantidad de dosis de drogas secuestradas y al número de personas detenidas por narcotráfico, los entes encargados de asistencia de los adictos se encuentran en una profunda crisis.

Así denuncian desde la Federación de Organismos no Gubernamentales de la Argentina (FONGA), donde aseguran que, por los fondos que les adeuda el Ejecutivo bonaerense y ante la falta de presupuesto, corren riesgo los tratamientos que ofrecen las asociaciones que trabajan con la SADA y con la subsecretaría de Niñez y Adoles-cencia.

Es que en los Centros Preventivos Asistenciales (CPA), organismos provinciales en los que se atiende a las personas con problemas de adicciones, hay profesionales que llevan hasta cinco meses sin cobrar, abundan los problemas edilicios y hay un serio déficit de personal.

También las instituciones donde se interna a los pacientes, ya sea las que dependen directamente de SADA o alguna de las 26 asociaciones que tienen convenio con el Estado provincial, atraviesan una situación conflictiva por el atraso en el pago de becas.

“En los últimos cuatro meses, la secretaría de Adicciones no abonó las becas por cada persona internada (de 2.400 pesos mensuales cada una), y hay cinco o seis comunidades terapéuticas en estado crítico, que podrían llegar a cerrar”, señala a La Tecla Fabián Chiosso, secretario de FONGA.

“Los CPA -la estructura estatal más grande de América Latina en lo que hace a prevención y asistencia- también están en una situación de abandono y desprotección brutal”, sostiene.

Veamos.

Los CPA

En el territorio bonaerense funcionan cerca de 180 servicios que cubren casi la totalidad de los distritos. Hasta esas salas llegan miles de consumidores en busca de asistencia. Pero en muchos de ellos se torna difícil poder otorgarla.

En el CPA de La Plata, diez profesionales de la salud atienden a 120 pacientes por mes. Uno de los responsables, que pidió no ser identificado, describe que la Provincia mantiene un retraso de cuatro meses en el abono del alquiler y de los servicios de la sede.

“Por falta de pago nos cortaron el teléfono durante 90 días y no pudimos atender los llamados de personas con problemas de adicción que querían auxilio médico. Sin teléfono, desde el centro no podemos ayudar”, confía.

Entre otros reclamos, plantea: “Necesitamos una casa propia, con consultorios, para sostener nuestra práctica en el tiempo. Estamos mudándonos permanentemente, y así perdemos pacientes. Muchos abandonan el tratamiento por las distancias. El lugar debe ser fijo”.

A la escasez de presupuesto para mantenerlos en correcto funcionamiento se suma la falta de profesionales especializados en recuperación de adictos.

La presidenta del CPA de Quilmes, Cecilia Carbone, analiza: “Los recursos humanos son escasos. Con un equipo de siete personas realizamos cerca de quinientas intervenciones por mes. Tenemos mucho trabajo comunitario. Para caja chica disponemos de 300 pesos, que vienen de la SADA. La gente trabaja a pulmón. Necesitamos fortalecimiento”.

De igual modo, desde el CPA de Pehuajó reclaman más profesionales. “Necesitamos psicólogos, asistentes sociales, terapeutas y psiquiatras especialistas en psiquiatría infantojuvenil para los tratamientos ambulatorios”, explican.

La misma postal se repite en Ensenada, donde uno de los empleados del CPA sostiene: “El dinero no es suficiente y el servicio se deteriora poco a poco. Hay problemas para abonar los alquileres y retraso de tres meses en el pago de salarios”.

El problema es complejo porque, producto de ello, los equipos técnicos y profesionales comienzan a desmembrarse cuando los trabajadores -personas con varios años de capacitación- terminan abandonando los centros.

Con 700 pesos para caja chica, allí se las ingenian para brindar atención a 50 personas. “Intentamos con ese dinero mantener la casa, pagar los servicios, el sueldo de los talleristas y el desayuno de los pacientes”, cuentan.

En tanto, en el CPA de Nueve de Julio sólo dos profesionales atienden a treinta pacientes. Con 350 pesos mensuales llevan adelante los tratamientos ambulatorios y la orientación a padres en materia de prevención. “Nos la arreglamos para hacer mantenimiento, comprar material, pagar desayuno y merienda e imprimir folletería”, relatan.

En el CPA de Pinamar cinco profesionales atienden a ochenta personas mes a mes. Pero en diciembre debieron dejar la casa que alquilaban, dado que desde el ministerio de Salud no pagaban la renta ni los servicios.

“Nos quedamos sin lugar, pero seguimos trabajando porque nos prestaron un espacio”, señala Adriana Pedernera, titular del centro. “En septiembre se regularizó la situación y la Provincia se puso al día”, agrega.

Otro de los reclamos permanentes apunta al colapso ante la gran demanda de enfermos.

“Estamos dando turnos para dentro de un mes. Cuando un adicto compulsivo decide comenzar a tratarse, no se le puede decir que vuelva en treinta días”, indica el responsable de un centro del Conurbano.

Las comunidades terapéuticas

Existen nueve comunidades terapéuticas estatales y veintiséis instituciones no gubernamentales que mantienen convenios con la Provincia, para trabajar con modalidad de internación y tratar las patologías adictivas. Allí derivan pacientes desde los CPA, la Justicia y la SADA.

Desde FONGA denuncian que la subse-cretaría de Adicciones no les pagó entre septiembre y febrero, ni entre marzo y junio.

“Ello generó graves problemas porque las ONG tienen presupuestos muy acotados. Las instituciones están trabajando a un tercio de su capacidad de recibir pacientes de la Provincia. La falta de pago genera un perjuicio para ellos, que tienen cada vez menos oferta de servicios para rehabilitarse”, manifiesta Chiosso.

Es que, pese a que las instituciones disponen de 2.500 plazas para trabajar en adicciones, sólo hay 200 ocupadas. Hoy, 15 de estos entes mantienen convenio con la SADA, y 11 con Niñez y Adolescencia.

Cada uno tiene entre 20 y 40 pacientes, y cuenta con equipos de entre 11 y 15 profesionales.

En la asociación civil Programa Despertares, de Castelar (Morón), hay 11 personas derivadas desde Niñez y Adolescencia, y 7 desde Adicciones, para internaciones. Allí hay 5 meses de atraso en el pago desde las dos áreas. Con el dinero solventan los gastos para las 4 comidas diarias, las medicaciones, los pagos a los profesionales y la realización de exámenes médicos de los pacientes. “La única que nos queda es tener un mix entre pacientes con obra social, sobre todo OSDE, con lo que bancamos al resto”, dicen.

El presidente de la asociación civil Darse Cuenta, de La Plata, Horacio Salomón, coincide en el diagnóstico. “Sobrevivimos con los tratamientos de obras sociales privadas”, considera. Sucede que la Provincia les adeuda los pagos desde el mes de abril.

Por su parte, el titular de la asociación civil Cumelén, de Olavarría, Eduardo Vera, se manifiesta en igual sentido. “Tenemos 40 personas internadas de SADA y de Niñez. No cobramos desde abril”, expresa, y añade: “Los retrasos en los pagos nos ge-neran intereses. Tenemos que salir a pedir prestado cada mes. El sistema está totalmente resentido”.

Desde la fundación Volver a Crear, de Arturo Seguí, también apuntan que en las ONG “todo es a pulmón”. “Los contratos que firmamos con la Provincia jamás se pagan a término, entonces, encauzamos nuestro andar con ayuda social. Cada uno pone algo de su bolsillo. En febrero cobramos lo que nos adeudaban desde octubre, y ahora nos deben desde julio”, indica uno de los empleados de la entidad que hoy atiende a 18 pacientes derivados desde la Provincia.

En la misma línea se manifiestar el referente de FONGA: “Muchas instituciones tendrían que haber cerrado sus puertas, pero encontraron recursos de distintas maneras para paliar la situación. Hay muchas al borde de la quiebra porque no pueden estar todo el tiempo consiguiendo recursos externos. El resto sobrevive. Cubren lo indispensable para un tratamiento digno, sin poder mejora la oferta”.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con el plazo durante el cual el Estado provincial abona los tratamientos de los adictos. “Cubren solamente un año de internación. Generalmente, ese tiempo no alcanza, y el muchacho no tiene el resultado esperado”, sostienen desde las entidades de rehabilitación.

La problemática de las adicciones no solamente puede encararse desde el punto de vista de la persecución al narcotráfico. Lo asistencial, lo preventivo y la promoción social son los ejes de una política integral. Si en verdad tiene la obsesión de luchar contra las drogas, el gobernador Daniel Scioli debería tomar nota de ello. Y trabajar para revertir el abandono de los pacientes y de los profesionales que los asisten.

FUENTE: http://www.latecla.info/v8/latecla/index.php?page=revistas.VerRevista&id=341&id_nota=18267&PHPSESSID=8dhpa9l85tm8tbi0elspkmk8m7