El sitio Noticias & Protagonistas entrevistó al doctor Alejandro Bernabé, titular de la Sociedad de Psiquiatría de Mar del Plata sobre la reciente Ley de Salud Mental. “Es una ley psiquiátrica… sin psiquiatras” definió y comentó que el proyecto se realizó “sin consultar a las asociaciones científicas, ni a los colegios médicos, ni a las cátedras de psiquiatría de las universidades”.

Un poco de cordura es lo que se le pide a los cuerdos, y en especial a los que tratan con quienes por diversas circunstancias no lo están, temporal o permanentemente. Pero he aquí que las aguas se dividen cuando se trata de opinar sobre la nueva Ley de Salud Mental.

División que es profunda, y sobre la que llueven argumentos a favor y en contra, cada uno con sus fundamentos y sus lógicas, difíciles de comprender para la media social que escucha absorta una discusión en la que lo que es “evidente” para unos, es casi la inversa para los otros.

La defensa legislativa sobre el proyecto aprobado casi por unanimidad en el Senado -sólo se abstuvo Nito Artaza- sostiene que el proceso de curación debe realizarse en lo posible fuera del ámbito hospitalario, considerando la internación como un recurso de carácter restrictivo, sólo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones.

Para llegar a ella –dicen-, habrá que realizar estudios multidisciplinarios, rastreando datos acerca de los lazos familiares, del entorno social del paciente, y contar con un consentimiento informado de la persona o de su representante legal. En caso de llegarse a la internación, deberá hacerse en hospitales generales que no podrán negarse a ello, para garantizar un examen completo del estado de salud del eventual paciente.

"Estamos ante un cambio de paradigma que deja de entender a las personas con discapacidad mental como objeto de asistencia para considerarlas sujetos de derecho", afirmó el radical José Cano (Corrientes), presidente de la Comisión de Salud y miembro informante de la iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara baja en octubre del año pasado. “El adicto merece una respuesta por parte del Estado, y le estamos dando una solución a padres que peregrinan buscando atención pública”, acompañó y consolidó la senadora Sonia Escudero (Salta), del PJ disidente.

Pero estas apreciaciones, que no parecen fuera de la lógica, encuentran su contrapartida en la Sociedad de Psiquiatría de Mar del Plata, cuyo presidente, el Dr. Alejandro Bernabé, se muestra igualmente convencido de lo contrario: que la ley significará un retroceso decisivo en el tratamiento de estas patologías de la mente. Con él hablamos.

Noticias & Protagonistas: Hay mucha actividad en torno a esta nueva ley, que para algunos hace desaparecer la ciencia y práctica de la psiquiatría. ¿Es efectivamente así?

Dr. Alejandro Bernabé: Sí, es así. Venía en tratamiento desde el año pasado, y la Asociación Psiquiátrica Argentina logró frenarla y que pasara de nuevo a comisiones. Pero este año pasó lo mismo: se volvió a redactar sin consultar a las asociaciones científicas, ni a los colegios médicos, ni a las cátedras de psiquiatría de las universidades. Es una ley psiquiátrica… sin psiquiatras. Más aun: es una ley anti-psiquiátrica, en la que ni siquiera figura la palabra en el proyecto.

N&P: ¿Y qué pudo haber pasado para que surgiera un proyecto de salud mental que excluye la psiquiatría?

AB: Es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué los legisladores no se asesoran con quienes corresponden, con los que saben del tema? El proyecto no tiene asesoramiento científico, y está plagado de errores de todo tipo, incluso jurídicos. Además hay mucho preconcepto: se nos hace responsable de los manicomios, de la medicación como medio de castigo, en fin. Con lo que hay que terminar es con las malas prácticas, pero para eso se necesitan recursos económicos para hacer casas de medio camino, hospitales de día, intermedios para rehabilitar y resocializar a los pacientes. Por otro lado, no podemos cerrar los neuropsiquiátricos así como así. ¿Qué pasaría con esa gente? No están ahí por culpa de los profesionales, sino porque el Estado se desentendió de los pacientes.

N&P: Cuando Ronald Reagan era presidente de los EEUU hubo un ataque parecido contra la psiquiatría y lo que se consideraba gastos excesivos para el Estado en su tratamiento. De ahí la explosión de los homeless, muchos de los cuales fueron los que quedaron fuera de los institutos neuropsiquiátricos.

AB: Exacto, y eso pasó también en Europa, donde los pacientes dejaron de serlo para convertirse en homeless. También en provincias argentinas donde se aplicó una ley de desmanicomización. Que los pacientes se convirtieran en crónicos no fue un problema profesional, sino social. La psiquiatría y la salud mental tienen muchos aspectos a considerar: biológicos, ambientales, sociales, culturales, familiares. Esa gente quedó aislada, y el Estado no se ocupó creando ámbitos intermedios con supervisión profesional para reinsertar a los pacientes a la vida cotidiana.

N&P: ¿Entonces nadie del área formó parte del proyecto?

AB: No. Lo elaboró el entonces diputado Leonardo Gorbacz, hoy asesor en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Pero no hay psiquiatras en la redacción. Cuando uno ve estas cosas, tiene que pensar que, o se quiere persistir en la ignorancia, o detrás del proyecto hay intereses poco claros.

N&P: Sin embargo, hoy no se puede decir que se pretenda desarmar al Estado como en los ´90. El problema es saber qué se va a hacer con los que hoy están internados.

AB: Hay un proyecto muy cargado ideológicamente, porque se entiende mal lo que son los Derechos Humanos. Estoy de acuerdo con la libertad, pero ¿qué libertad tiene un enfermo crónico sin trabajo, sin dinero, sin familia?

N&P: Convengamos que lo que hay es poco y malo.

AB: No sé si malo, pero sí muy pobre. Hay buenos profesionales pero con recursos mínimos, por eso el abandono.

N&P: Alguna vez hubo una denuncia sobre el desastre de lo que es la internación psiquiátrica en el Hospital Interzonal General de Agudos, ¿lo recuerda?

AB: Ahí tienen: en este caso los profesionales son excelentes, pero carecen de recursos. Tienen un servicio saturado de pacientes judicializados y ya no saben ni dónde ponerlos. Hay que internarlos sí o sí, y quedan ahí porque el sistema es largo y lento. Además, fundamentalmente este proyecto no afecta a los que tienen dinero, obra social o prepagas, sino que afecta a la salud pública, al hospital público, a los que menos tienen y que recurren al Estado para tener una atención.

Lo cierto es que para los defensores del proyecto, la salud mental debe abordarse desde la psiquiatría, pero sin obviar la psicología, la terapia ocupacional y la enfermería. Por eso, afirman, la ley intenta restringir las internaciones. El texto no implica cierre de institutos, sino la prohibición de abrir nuevos y adaptar los que ya existen a los principios y objetivos expuestos en la ley.

Un punto no menor de la ley es que establece que "en forma progresiva y en un plazo no mayor a tres años [...], el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud".

Pero evidentemente el tema da para más debate… y cordura, claro.

/// Nuevas voces disidentes

Consolidando la opinión del Dr. Bernabé, el presidente de la Asociación Antidrogas de la Argentina, Claudio Izaguirre, fue contundente en la crítica al proyecto en cuestión: “La nueva ley de Salud Mental destrozará los centros de rehabilitación para adictos que hasta hoy han dado respuesta concreta al sufrimiento de centenares de miles de familias”. No dudó en calificar dicha ley como “perversa”, justificando con el siguiente argumento: “Pretende aniquilar la internación compulsiva de drogadependientes, además de tipificarla como secuestro; también pone en idéntico escalón profesional a médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Es decir que una asistente social puede externar a un paciente pasando por encima del médico psiquiatra.”

A su criterio, “la internación compulsiva salva la vida del adicto –remarcó enfáticamente-; sin embargo, desde el Senado nacional se proponen dar vía libre a leyes liberalizadoras, que permitan crear caos e incertidumbre en la sociedad y de esta manera proceder al abandono definitivo de quien sufre estas patologías”.

Resulta poco alentador para quien quiere comprender qué sucede y por qué tanta discrepancia, ver que ambos sectores recurren a la apoyatura internacional. En efecto, Izaguirre no duda en advertir: “Hoy Argentina se orienta definitivamente a violar un tratado internacional con rango constitucional como es el Tratado de Viena, que fue ratificado por 144 países y que tiene plena vigencia por encima de las normas que intenta impulsar el Congreso Nacional en el tema drogas. Nuestros legisladores se proponen vejar lo firmado con Naciones Unidas y con la OEA, que marca el camino jurídico que los países deben tomar en la prevención y asistencia de drogas”.

Pero del otro lado también hay un importante sostén: “La ley fue explícitamente apoyada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, arrojando como desafío dos instituciones que son pesos pesados en la materia.

Conceptualmente se modificó el Código Civil para reemplazar el criterio de internación, que obedecía a la noción de “peligrosidad para sí o para terceros”, por la constatación de “riesgo cierto e inminente”. Esto ha sido requerido en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia. De hecho, si pasados 90 días de internación involuntaria se insiste en mantenerla, la ley exige una segunda opinión del órgano supervisor creado a tal efecto, en el que –dicen los defensores-, están incluidos “representantes de asociaciones de usuarios y familiares, de los profesionales y otros trabajadores de la salud, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las defensorías oficiales y del Poder Ejecutivo”.

Todos parecen muy cuerdos a la hora de esgrimir sus argumentos. Pero en el medio estamos los que querríamos saber qué hay detrás de esta batalla.