Si bien el ministro de Justicia aseguró que no hay sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Federal, desde la Procuración Penitenciara sostienen que dicho cómputo no tiene en cuenta los miles de detenidos federales alojados en dependencias provinciales. La perspectiva de una Asociación Civil que estudia el tema y el panorama del Defensor del Pueblo.

Por La Política On Line (LPO) | El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, aprovechó el festejo por el Día del Agente Penitenciario para comunicar que, una vez más y desde principios de 2008, no hay sobrepoblación en las dependencias federales.

El ministro aseguró que “hoy el Servicio Penitenciario Federal tiene alojados 9391 internos, y su capacidad disponible es de 10318 plazas”, de los cuales un 72% -6765 personas- reciben educación.

Los valores expuestos por Alak -tal como pudo comprobar LPO y a pesar de que ni en el Servicio Penitenciario Federal ni en el Ministerio de Justicia respondieron a los requerimientos formulados por este medio- son cifras reales aunque ligeramente ajustadas, ya que dicho cómputo no contempla a los detenidos federales que deberían estar en las dependencias bajo la órbita de Alak pero que gracias a los compromisos asumidos con las provincias, quedan en establecimientos que dependen, por ejemplo, de las gobernaciones.

Provincias con detenidos federales

En diálogo con este medio, el director general del Área de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, Ariel Cejas Melliare, aseguró que “es cierto que no hay una sobrepoblación “real”; pero lo que también hay es muchas provincias con muchos presos federales, o en Prefectura, Gendarmería y Alcaidías. Los detenidos federales deben contar en esta sobrepoblación”:

A la vez, detalló: “Córdoba tiene 500 presos federales; Santa Fe, 200; Mendoza otros 350, y así en distintos lugares. El dato de Alak es verdad sólo si contamos la gente en cada dependencia: lo concreto es que el sistema Federal también debe responder por sus detenidos en otros establecimientos, que deberían estar en cárceles federales, y allí sí habría una sobrepoblación terrible”.

Los correctos números de la Justicia Nacional en materia penitenciaria –que contrastan con crudeza los valores que maneja el sistema bonaerense y los provinciales, en general, sobrepoblados-, responden a los convenios establecidos con otras cárceles provinciales. “Por cuestiones de convenio, las gobernaciones deberían cobrar un canon que gira Nación a los ministerios provinciales, aunque tengo entendido que algunas provincias están teniendo problemas para el cobro”, precisó el funcionario de la Procuración.

Los convenios se firmaron principalmente en las provincias donde no hay cárceles federales. El Servicio Penitenciario Federal Argentino reporta 39 establecimientos: 9 en Provincia de Buenos Aires, 11 en Capital, una en Misiones, otra en Formosa, 2 en Chaco, 2 en Salta, 2 en Jujuy, una en Mendoza, 4 en La Pampa, una en Neuquén, 2 en Río Negro, 2 en Chubut y una última en Santa Cruz.

Normas incumplidas

Otra situación registrada desde la Procuración –y que condiciona los números que elabora Justicia- es el respeto a las normas internacionales en las dependencias: “Hay muchos jueces que quieren poner a dos o tres personas en una misma celda que es para uno, y eso es algo a lo que siempre nos vamos a negar porque es volver a mentir con el tema de la sobrepoblación”.

Para dar con un cálculo efectivo de población carcelaria, Cejas Melliare destaca la importancia de “ponernos a discutir una ley de cupo penitenciario, que es lo que resolvería el tema. Hay lugares de 6 metros por 4 metros en donde permanecen 30 personas”.

La discusión tendería a buscar un plan integral que equilibre la situación y no un parche a un sistema cuestionadísimo. Si bien es cierto que desde 2008 no existe la sobrepoblación que Alak esgrime, desde la Procuración recuerdan que “ese año había un excedente en la unidad 3, y para resolverlo, trasladaron a 300 mujeres a una cárcel de máxima seguridad de hombres, en el Complejo Federal 1, en donde se ubicó un módulo aparte”.

Situación "igual o peor"

LPO también tuvo acceso a documentos del Defensor del Pueblo y una autoridad del organismo adelantó que “se están haciendo nuevos estudios de la situación, actualizando los datos y el informe recabado en 2006. Pero desde ya, hay que decir que la situación está igual o peor que en esos días”.

En su momento, el Defensor del Pueblo –mediante un exhaustivo informe que incluía la recorrida por buena parte de las cárceles del país- registró, en valores de 2004 y para el Servicio Penitenciario Federal, 9735 reclusos, sumidos a una capacidad disponible real de 9295, y una capacidad disponible “ideal” –que es la que se lograría con poca inversión con un mantenimiento estable- de 9384 personas.

Readaptar, el desafío

“Los datos que publica Alak son ciertos, no los refutamos, y además no hay forma porque son sólo ellos los que manejan los ingresos a las unidades. En líneas generales es así: hay más plazas que alojados. Pero esto no implica que haya alguna unidad puntual o pabellón particular en que haya algún problema ocupacional”, explicó a LPO Martín Gershanik, director ejecutivo de la Asociación Civil Unidos Por la Justicia, que han investigado el tema en varias oportunidades.

Según Gershanik, “los que más sufren la superpoblación son el sistema bonaerense y algunos provinciales: basta con decir que hay más de 4 mil detenidos en comisarías”, y agrega: “El sistema federal dispone de un mejor presupuesto y es el que más puede destinar al tratamiento de internos y detenidos. Si bien es positivo que estudien –como dijo Alak- el 72% de los detenidos, esto no es suficiente o no han dado todavía los frutos, que tampoco son automáticos”.

A su vez, desde Unidos Por la Justicia destacan que la gran problemática del sistema penitenciario “sigue siendo la verdadera readaptación y reinserción social. La gran mayoría sigue sin tener una posibilidad cierta de insertarse en la vida profesional. Muchos detenidos son personas que han vuelto a ingresar al sistema”, argumentó.