Hacer referencia al cáncer de la corrupción y consecuente impunidad que carcomen a la sociedad argentina y que tiene raíces muy profundas en el ejercicio de la función pública y en los distintos poderes del Estado, nunca podrá ser recurrente. Menos aún cuando las respuestas no llegan. Como impulsada por una gota que desborda el vaso de lo tolerable, la Asociación Civil Anticorrupción, que cuenta con miembros adherentes en todo el país, acaba de elevar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, una extensa nota de cuya dureza y contundencia no se recuerdan antecedentes.

El documento hecho público esta semana contiene consideraciones muy fuertes en base a un exhaustivo análisis sobre la relación de este flagelo con la escandalosa pobreza que sacude a vastos sectores y sufren millones de argentinos.

En un párrafo se cita una frase atribuida al ex presidente de la institución, doctor Ricardo Molinas, cuando dijo que “el mayor alimento que tiene la corrupción es la impunidad”. Y alcanza un punto contundente cuando afirma que la corrupción deja de ser una abstracción intelectual de vicios del manejo del poder, abriendo lugar al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que tuvieron y tienen la responsabilidad de gobernar nuestro país. Esto anima a peticionar por la rápida reversión de las condiciones que han permitido que tal situación prospere. Y remata señalando que si en todos los países hay corrupción, en la Argentina se suma la permanente impunidad y la inacción de la Justicia.

No queda al margen de la crudeza que caracteriza a esta presentación, recordar que estas fallas han permitido que los hechos de corrupción cometidos, han finalizado por prescripción de la acción penal o muerte de los imputados y que ello ha ocasionado el desprestigio de todo el Poder Judicial como primer encargado de “afianzar la justicia”, como reza el mandato constitucional de nuestro Preámbulo. Reflexiona la entidad que, lamentablemente, los que han delinquido en la función pública pueden seguir haciéndolo porque la Justicia Argentina prácticamente les garantiza la impunidad.

Se remite a los compromisos internacionales suscriptos por nuestro país contra la corrupción, indicando que Transparency Internacional, entre otros organismos mundiales, ha señalado que se profundiza año a año en la Argentina sin que se advierta la implementación de medidas efectivas para el castigo de los responsables, sosteniendo que, por el contrario, el mal se propaga sin remedio como si fuera un destino inexorable.

La Asociación Anticorrupción, cuyo Consejo Honorario cuenta a Ricardo Monner Sans como presidente y a Daniel Sabsay como vicepresidente, y a Hugo Miretti como Director General de la Junta Ejecutiva Nacional, menciona que el desprestigio del Poder Judicial no sólo se refleja en todas las encuestas que se han materializado, sino que configura una percepción muy difundida dentro de la comunidad.

Empero no desconoce que en muchas oportunidades a la judicatura argentina se la he endilgado toda la responsabilidad como manera oblícua de descargar las responsabilidades inherentes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Pero sostiene que es necesario que un Poder Judicial Republicano establezca los claros límites que no pueden traspasarse en democracia.

En este documento -que no deja nada al margen puntualizando la afectación que hacen los delitos de corrupción en perjuicio de la efectiva vigencia de los derechos humanos-, no se soslaya la remisión a las diversas convenciones internacionales que ha suscripto nuestro país y que aluden a este tema. Ellas condensan lo relativo a la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales, la conducta de los titulares de cargos públicos, la delincuencia organizada transnacional, la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, la supresión de la financiación del terrorismo y las nuevas recomendaciones contra el lavado de dinero.

Como se vé, un abanico de normas muy precisas, debiendo apuntarse que la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, insta a cada Estado a adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas necesarias, incluyendo la legislativas y administrativas, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones.

Recuerdan los firmantes de la nota que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa y que cada poder público debe generar hechos propios para el cumplimiento de tales objetivos. Y en terrenos concretos y cercanos, la Asociación alude al artículo 36º de nuestra Constitución Nacional, donde se menciona que “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar empleos o cargos públicos”.

Quienes como funcionarios delinquen y se enriquecen –afirma la nota-, violan el Pacto Social Democrático y merecen el mote de “infames traidores a la democracia”. Y urgen a la Corte a darle a estos delitos de naturaleza pública –que vulneran los intereses de todos los habitantes del país- un tratamiento preferencial parecido al proporcionado a las causas en que se juzgan violaciones a los derechos humanos, “debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigir a todos los tribunales inferiores, jueces y demás funcionarios que agilicen los juicios que nos preocupan”.

Como objetivo concreto de la entidad, plantea lograr que la Constitución y las leyes que nos rigen no sean letra muerta para quienes ejerzan el poder y que mediante el correcto funcionamiento del Poder Judicial se cree el filtro indispensable para impedir que los delincuentes accedan a cargos de las más altas jerarquías o continúen en ellos, permitiendo en definitiva la subsistencia de todos los vicios estructurales que padecemos, ciertamente distorsivos del sistema de gobierno constitucional que nos rige. Remata expresando que desde sus orígenes y por su naturaleza, es responsabilidad de la Corte arbitrar los medios para impedir la continuidad y el agravamiento del deterioro institucional.

Y más adelante manifiesta que “ha llegado el momento de que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación –como lo viene haciendo a través de otros pronunciamientos señeros- auspicie ante los otros órganos del Poder, la necesidad imperiosa de modificar normas que, con mera apariencia procesal, impiden al ciudadano ejercer el pleno control de la cosa pública.

Tras enumerar los múltiples y graves daños que producen los delitos ocasionados y/o vinculados con la corrupción estructural (donde sabemos que nuestro país ostenta un muy poco envidiable sitial) la nota encolumna situaciones delictivas donde no falta la deuda externa, estatización de la deuda privada, trata de personas, robos de vehículos, dineros sustraídos a los más pobres con las consecuencias para su salud, irreversibles daños ecológicos, muertes por medicamentos falsificados, homicidios con dolo eventual en el caso Cromagnon, tragedia del accidente de LAPA, proliferación asombrosa del juego auspiciado por los poderes públicos, voladura del Arsenal de Río Tercero y el tráfico de drogas convertidas en máquinas de matar, la Asociación formula un petitorio sobre la base de cinco puntos.

El mismo se orienta a que se adopten con urgencia medidas pertinentes para hacer operativo el accionar del Poder judicial controlando el desarrollo de las causas judiciales de corrupción, de enriquecimiento y similares; se propongan y ejecuten iniciativas para una mejor informatización; se constituya un órgano interdisciplinario para asesoramiento y análisis y se instruya a los jueces para que comuniquen el inicio de las causas donde pudieren estar imputados funcionarios públicos para disponer de un registro permanentemente actualizado y publicado en la página de Internet del Poder Judicial.

Como punto final, solicita que se declare la inconstitucionalidad, por violación a los derechos republicanos, de las limitaciones impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central y otros organismos de los restantes poderes, que impidan exhaustivas investigaciones de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, préstamos percibidos por empresas de bancos con sede en paraísos fiscales y el narcotráfico.

Cierra el documento diciendo que “por su importancia, estamos obligados a hacer conocer esta presentación a los demás integrantes de la Corte Supremas de la Nación que V.E. preside. También a los fines pertinentes, se enviará copia de la presente al Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Suscriben esta presentación, los directivos Ricardo Monner Sans, Daniel Sabsay, Ana Gritti, Mario Pilo, Hugo Miretti, Nadia Christe, Teresa Maders, Julio Cruciani y Claudio Izaguirre de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, con la adhesión de la hermana Martha Pelloni.

Gentileza: Análisis Digital