¿Legalizar el mercado del narcotráfico o impulsar acciones colectivas que den lucha frontal a un negocio que esta exterminando las nuevas generaciones de argentinos?. Un análisis de los últimos veinte años de políticas oficiales contra las drogas por Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la  República Argentina.

La primer persona que implanta en Argentina programas de prevención de drogas es Silvia Alfonsín de Martínez Cane. Fue para el año 1984 época en la que Nancy Reagan convoca a todas las primeras damas de América para lanzar un plan conjunto. Se votó por unanimidad la Ley 23.737 que despenalizó al consumidor de drogas.

Sin embargo sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín se erigió el monumento nacional al lavado de activos que tomo el nombre de Hotel Jayat al final de la Avenida 9 de Julio en la Capital de Argentina, con dineros de Gaith Faraón extraídos del BCCI.

El quiebre de las políticas nacionales de lucha contra el narcotráfico impactó en las familias argentinas.

Durante el gobierno de Menem se  creo la SEDRONAR espacio de lucha contra las drogas que trabajaba en la prevención, la asistencia de adictos y la lucha contra el narcotráfico, con enorme éxito trabajó en operaciones conjuntas aunando criterios con todas las fuerzas de seguridad y realizando un buen control de fronteras, planes preventivos y proliferación de centros de atención para drogadependientes. Se promulgó la Ley 23.737 y el adicto a las drogas dejó de ser objeto judiciable por su condición.

Como contrapartida durante ese gobierno se permitió el ingreso de “capitales golondrina”, dinero no lícito que se lavaba en la bolsa de Buenos Aires.

Pero además se saca de la SEDRONAR  a Alberto Lestelle quien había impedido en reunión de gabinete, el ingreso de la familia de Pablo Escobar Gaviria que pretendía instalarse en el barrio de Belgrano en Buenos Aires. Se radican los Escobar, luego de la salida del gobierno del funcionario opositor.

Luego, en el gobierno de De La Rua, se aplacan las campañas preventivas, se desinfla la apertura de centros asistenciales de prevención y se particiona la actuación de las fuerzas de seguridad, impidiendo los operativos conjuntos en temas de drogas.

Sobre el gobierno de Duhalde hay dos críticas fundamentales,  por un lado la salida de la órbita de SEDRONAR de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Ley de Desfederalización que en Provincia de Buenos Aires saco de la orbita federal los casos de tenencia de drogas, sin embargo Duhalde es el político que más cosas hizo a favor de la prevención y asistencia de drogas a lo largo de toda su carrera política, creando mas de 140 centros gratuitos de atención al adicto y su familia.

En lo concerniente la presidencia de Néstor Kirchner se intentó radarizar el norte de Argentina, pero corrientes políticas internas lo impidieron. Cayo la prevención de drogas a límites mínimos, se atacó a los centros de atención de drogas y se imperceptibilizó la lucha contra el narcotráfico, permitiendo el asentamiento de cárteles. Los juzgados federales comenzaron a dejar en desuso la Ley 23.737. Los vendedores minoristas de drogas paulatinamente fueron tolerados y comenzó una guerra oculta por el control de los barrios por parte de los distintos grupos de venta de estupefacientes. Durante este período SEDRONAR impidió el egreso de precursores químicos a Bolivia y a Perú pero nunca consiguió que quienes tenían a su cargo el control del ingreso de estos precursores a nuestro país hicieran lo propio.

Seis grupos de narcotraficantes internacionales se asentaron en el país y disputan el control territorial de las zonas más empobrecidas.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se abandonó el control de fronteras y en los lugares de mayor flujo de gente los controles fueron al menos laxos, sin embargo las fuerzas de seguridad hicieron un esfuerzo espectacular frenando en las rutas argentinas enormes cargamentos de droga. Proliferaron las pistas clandestinas y el cielo de nuestro país se vio literalmente abandonado, dejando sin soberanía a nuestro espacio aéreo. Se atacó a SEDRONAR hasta el descuartizamiento. Proliferaron las cocinas o laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína para exportación. Los Cárteles de la droga delimitaron sus espacios de acción, haciéndose fuertes grupos peruanos, bolivianos, dominicanos, mexicanos y colombianos. Se despenalizó la TENENCIA de drogas y se incentivó el accionar de los grupos de “Reducción de Daño” que a través de folletería enseñaron a los niños como drogarse con éxito. Se permitió la existencia de revistas que enseñaron como plantar, como cuidar y como cosechar marihuana.

La violencia por el control de la venta de estupefacientes cobra nuevas víctimas mes a mes.

El motivo del fracaso

El fracaso de las políticas de drogas radica fundamentalmente en la falta de continuidad de las acciones que se venían desarrollando en el país, particularmente en estos últimos seis años se impidió y se frenó todo intento de prevención y de asistencia de personas, como así también las acciones policiales contra los grupos instalados.

Hoy las ideas permisivas tienden a tolerar el narcotráfico como una actividad poco punible. Como ejemplo contundente podemos recordar la quita de indemnización a los efectivos policiales que recibían 30 sueldos de Comisario General por herida  o fallecimiento en enfrentamientos. Esto desalentó a los efectivos que solo esperan su jubilación con el menor riesgo posible. En algunos casos se puede afirmar que algunas bocas de expendio llegan a pagar hasta $ 1200 diarios por protección policial.

Surgen nuevas drogas destinadas a los sectores de menores recursos como el Aceto, el Queso o el ComboFumo.

Despenalización y Ley 23737

La despenalización de la Tenencia de drogas, del 25 de agosto de 2009, hizo que aumentara la oferta minorista de estupefaciente en un 200%. El hecho particular que se utilice el artículo 19 de la Constitución Nacional para proteger el bolsillo del traficante y que las fuerzas de seguridad tengan impedido revisárselos hace que estos pululen sin inconvenientes trasportando pequeñas cantidades hasta las manos del consumidor.

Hasta esa fecha el adicto al que se le encontraban drogas era enviado al juzgado federal donde se le proporcionaba, gracias a la Ley 23.737, un lugar de tratamiento con costas al Estado, que era absorbido por SEDRONAR; ahora no llegan a los estrados judiciales y carecen de esta ayuda tan buscada por la familia del adicto.

Además hoy el adicto que es encontrado comprando es llevado al tribunal como testigo y está obligado a decir verdad, si incumple (por ser testigo en una causa federal) tiene pena de cárcel efectiva. Mírese por donde se lo mire, la despenalización de drogas no ayuda al adicto, pero sí al vendedor minorista de drogas.

Ante el aumento del consumo de drogas, los centros terapéuticos privados no dan a vasto y los adictos de menores recursos quedan librados a su suerte sin ayuda estatal.

Funcionarios funcionales

El movimiento liberalizador de drogas no es propio de la República Argentina, se está dando a la vez en toda Latinoamérica. Eligieron México y Argentina como espacios estratégicos para luego avanzar sobre el resto de los países, aunque Colombia ha presentado su negativa rotunda.

Este movimiento transnacional es solventado por George Soros y tiene en todos los países tres grupos definidos actuando a la vez: politico-periodístico, político-judicial y sociológico-asistencial. De esta forma mantiene en forma sistemática la discusión liberalizadora en todos los frentes.

En definitiva el interés por la despenalización de las drogas, es puramente económico.

Y ese será el trasfondo del debate que impulsará un pequeño sector del oficialismo en el Congreso Nacional durante el 2010. El beneficio económico.

Entre las tendencias políticas que propugnan liberalizar el comercio de drogas, se abren paso los familiares de adictos que se organizan y comienzan a perder el miedo luchando frontalmente contra los mercaderes de muerte.