Por Roberto Durrieu (H) para Diario LA NACION - Existe la percepción creciente de que el crimen organizado transnacional observa a nuestro país como un espacio fecundo para desarrollar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos (el "narcolavado").

Los asesinatos de corte mafioso ocurridos en un conocido shopping center; el hallazgo de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas; toneladas de cocaína secuestradas en los últimos años, y las investigaciones periodísticas sobre las operaciones del narcoterrorismo colombiano en nuestro país son algunos de los elementos objetivos que alimentan esa percepción.

En este contexto, cabe preguntarse por qué motivo el crimen organizado internacional elegiría a nuestro país para consolidar sus operaciones de narcolavado. La interacción de los siguientes siete puntos ayudarán a responder la pregunta.

a) Ley de repatriación de activos: existen ciudadanos del mundo que lograron blanquear sus activos en el sistema económico argentino por la suma total de 18.113 millones de pesos (5000 millones de dólares, aproximadamente). Este fue el resultado de la denominada ley de blanqueo, por medio de la cual se invitaba a repatriar fondos a nuestro país a cambio de beneficios fiscales. Si bien es cierto que el GAFI (organismo internacional dedicado al control del lavado de dinero) no criticó la letra misma del programa fiscal, sí puso el acento en la implementación de controles necesarios para evitar que entre los capitales repatriados se filtraran activos procedentes del crimen. Así las cosas, a más de un año de concluido el programa de blanqueo, ¿podemos estar seguros de que los capitales repatriados provienen todos de actividades honestas, no vinculadas al crimen organizado?

b) Países con altos índices de corrupción: existe una interconexión evidente entre la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. Las astronómicas ganancias del narcotráfico pueden ser utilizadas para sobornar a las autoridades de un país a cambio de su silencio e impunidad. Según los informes de Transparencia Internacional, la Argentina es percibida como un país con altos índices de corrupción en su actividad pública y privada.

c) Conflictos sociales, políticos y económicos: el narcolavado suele sacar ventaja de la conflictividad social. Mientras las autoridades de un país se ocupan de restablecer la tranquilidad social, el crimen organizado aprovecha la distracción reinante para consolidar su poder territorial o hacer alianzas con otros grupos criminales del lugar (GAFI, Reporte Anual 2010). El presente no es comparable con la situación de caos general vivida en la Argentina en los años 2001 y 2002. Sin embargo, la estabilidad social deseada, sobre todo en lo que hace a los problemas de índole sindical, aún no se ha logrado.

d) Vulnerabilidad en las fronteras: los organismos internacionales han solicitado con urgencia la implementación de mayores controles en zonas sensibles como la triple frontera. Nada sustancial parece haberse hecho hasta ahora. Por lo demás, existen trabajos periodísticos que denuncian la desradarización de la región norte del país.

e) Altos índices de economía informal: el narcolavado se siente cómodo en jurisdicciones con altos índices de economía informal. El ocultamiento, la movilidad y la inversión de activos provenientes del narcotráfico pasan desapercibidos cuando los índices de informalidad son altos y los controles monetarios bajos. La Argentina tiene una economía informal del 25-30%. Se trata de un índice alto, si lo comparamos con el de Estados Unidos (10%), y bajo, si la comparación se establece con Colombia (42%), Perú (60%) o Bolivia (67%) (F. Schneider, Mercado Informal, Corrupción y Gobierno , 2008).

f) Normas "vacías" contra el narco-lavado y marco institucional débil: según recientes estudios de criminología, los Estados débiles, que actúan como si fueran fuertes y sancionan leyes contra el crimen, pero carecen de capacidad operativa para hacer cumplir esas normas, generan un espacio ficticio, entre lo legal y lo irreal, que puede servir de refugio para los grupos criminales. Una reciente auditoría sobre los tribunales federales de nuestro país muestra que los procesos penales por corrupción y narcotráfico tienen una duración promedio superior a los 12 años, y arriba a condena firme un porcentaje muy menor al de las causas iniciadas. En cuanto al delito de lavado de dinero, el panorama es aún más desolador. En veinte años de vigencia del delito de lavado, sólo existen dos condenas firmes, y por casos de poca monta. A su vez, la UIF, organismo encargado de velar por la prevención y cumplimiento de las normas antilavado en la Argentina, está al mando de un presidente designado y removido por voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, en este contexto, ¿quién asegura un trato justo e igualitario en las investigaciones que realice la UIF?

Montesquieu decía: "Las leyes son grandes telarañas a través de las cuales pasan moscas grandes y en las que quedan apresadas las pequeñas". En nuestro caso, las moscas grandes (léase el crimen organizado) pueden haber atravesado, en silencio, las prevenciones contra el narco-lavado. Hay que fortalecer las instituciones del Estado; no queda otra alternativa. Todavía estamos a tiempo. Sólo falta que la dirigencia reaccione.