Una crónica detallada del accionar impune de una organización criminal y los gestos valientes de ciudadanos y organizaciones sociales que luchan por corregir lo mal parido. Desde el 2006, el Poder Ejecutivo Nacional tiene información precisa del Cártel Dominicano que esclaviza mujeres en sus prostíbulos y provee drogas a metros de la Sede de Policía Federal. A solo tres meses de realizadas, las denuncias de la ex agente de policía federal Nancy Graciela Miño Velázquez parecen caer en el olvido.

por Gabriel Genri | Entre el 16 y el 18 de mayo del 2006, un ciudadano denuncia ante el jefe de la policía federal, Nestor Valleca, todos los puntos de venta de drogas utilizados por el Cartel Dominicano. Todos los lugares coinciden con los prostíbulos manejados por esta organización criminal en Capital Federal.

Una serie de emails entre Vallecas y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dan cuenta que la información había llegado a las mas altas esferas del Poder.

Las denuncias, caratuladas como “averiguación de ilícito”, recaen en el Juzgado Federal Nº5 a cargo de Norberto Oyarbide. Pero el 23 de agosto del 2006, el juez la archiva por “no encontrar elementos”. Ni una sola orden de allanamiento partió de su juzgado.

Dos años después, Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) se presenta ante el Juzgado Federal Nº 10 del Dr. Julián Ercolini. Donde habían dado inicio a investigaciones sobre el accionar del Cártel Dominicano que administra prostíbulos y comercia drogas en barrio Constitución.

Fue el 10 de julio de 2008.  Izaguirre pidió la intervención de la comisaría 16, y solicitó al juez Ercolini que llame a declarar al Jefe de la Policía Federal, Néstor Valleccas, y al Ministro de Justicia, Aníbal Fernández.

“El Comisario de la seccional 16ta, el Jefe de la Policía Federal y Aníbal Fernández estaban al tanto del accionar del Cártel Dominicano y no hicieron nada” destacó en ese momento Izaguirre. Y presenta como pruebas los emails intercambiados entre el denunciante y las autoridades nacionales.

El 1º de agosto de 2008, las denuncias llegan a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Los legisladores Claudia Gil Lozano, María Fernanda Reyes, Rubén Lanceta, Cladudio Lozano y Cynthia Hotton piden al Poder Ejecutivo Nacional (Expediente 4110-D-2008) informen sobre lo actuado respecto a los puntos de venta denunciados en 2006, que involucra cuestiones relacionadas a proxenetismo, trafico de drogas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Y destacan que todos los locales están ubicados en las inmediaciones del Departamento Central de la Policía Federal Argentina. No hubo respuestas.

Desde esa fecha, hasta el momento, hay contabilizados 25 homicidios registrados en la zona dominada por el Cartel Dominicano, producto de rencillas internas por el manejo de los prostíbulos y los puntos de venta de drogas.

El 13 de mayo de 2010, Nancy Graciela Miño Velásquez declaró durante siete horas ante el juez federal Ariel Lijo, para denunciar que la División Trata de Personas de la Policía Federal cobra coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento.

Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, integró desde 2008 la División de Trata de Personas de la Policía Federal como personal administrativo. Ella contó que como parte de esa área realizó “tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos” y acusó al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, y al Comisario Inspector Jorge Cipolla, titular de la Brigada Antisecuestros Extorsivos de la Policía Federal.

Nancy Graciela Miño Velázquez entrevistada por Ernesto Tenembaun

En su declaración ante el magistrado, Miño Velázquez relató un caso en el que le encomendaron localizar a una pareja de dominicanos con pedido de captura por la Ley de Trata, identificados como Williams G. G. y Ana Felicia M. de F.

La ex agente de la Policía Federal los ubicó, después de infiltrarse entre prostitutas dominicanas, “en el boliche Chicharrón, ubicado en Bartolomé Mitre y Callao”. Pero la pareja nunca fue detenida y “según gente que está en la prostitución, los dejaron escapar a cambio de 50 mil pesos”.

También contó que sus jefes le habían pedido que “plantara” dos menores de edad en un prostíbulo. “Quería hacer todo esto porque (el comisario inspector Omar) Cipolla (su superior inmediato) le había llamado la atención, porque un subinspector de Trata había levantado un bolso con dinero que tenía que haber sido levantado por la División Delitos contra la Salud” contó Miño Velázquez.

Pero cuando presentó su denuncia ante el comisario inspector Omar Cipolla. La única respuesta que tuvo fue un cambio en sus designaciones de tarea. Por eso, llega al juzgado del doctor Ariel Lijo.

Desde que realizó la denuncia, la mujer se aloja con protección de Gendarmería Nacional. Teme por su vida e hizo “responsable” de su seguridad y la de su hijo de 13 años al jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, y solicitó al Estado que se hiciera “cargo de esta denuncia y de la problemática que involucra a las comisarías, a la División de Salud, la de Trata y a los inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitan fradulentamente los prostíbulos”.

El 19 de mayo de 2010, el Cártel Dominicano llega de nuevo a Diputados. Fernanda Gil Lozano impulsa una conferencia de prensa para “ayudar a Nancy a preservar su vida, porque la denuncia que involucra a la Federal es gravísima. Por eso, todo el arco político tiene que estar presente para defender la vida y repudiar estos hechos”, dijo la diputada en ese momento.

Hasta el propio Cardenal Jorge Bergoglio, ese mismo día por la tarde, recibe a Miño Velázquez y a Gustavo Vera, de la Fundación Alameda. La cabeza de la Iglesia Católica Argentina destacó la valentía de la mujer, instó a no tener miedo y seguir a fondo con la denuncia hasta llegar a la verdad.

El 20 de mayo de 2010, fuentes del juzgado federal de Ariel Lijo dijeron a la prensa que el relato de Miño Velázquez es creíble, pero difícil de comprobar.

“Al trascender la denuncia por la prensa, si hay un pago de dádivas, como se denuncia, simplemente se deja de hacer por un tiempo”, sugirieron desde el juzgado. Además, por lo general, no suele haber pruebas del pago de coimas. Y los testigos, según consta en la causa, son todos integrantes de la División Trata de Personas.

Por su parte, la Oficina de Comunicación de la Policía Federal desestimó la denuncia. El comisario Ricardo Pedace, responsable del área dijo: “Esta mujer está con licencia médica de características psiquiátricas”.

Desde entonces, Nancy Graciela Miño Velázquez se aloja en el local de la Fundación La Alameda –organización dedicada a la lucha contra la trata de personas– para protección de su seguridad personal y es asistida por los abogados Ganora y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Video Entrevista realizada a Nancy Miño Velazquez  por “La Alameda”, Asamblea Popular y Cooperativa de Trabajo “20 de Diciembre” de Parque Avellaneda, Buenos Aires – Argentina.