El Dr. Wilbur Ricardo Grimson, ex titular de SEDRONAR y creador de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) criticó la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dependiente del Ministerio de Salud. “Nos parece un despropósito aunar campos que si bien contactan, tienen diferencias específicas” dijo y agregó que es otro “embate” contra la SEDRONAR. También denunció que Aníbal Fernández, intentó impedir que José Granero, representara al país en la última conferencia internacional de drogas de las Naciones Unidas.

La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones fue dispuesta el 7 de abril pasado mediante el decreto 457/2010. En mayo, el decreto 607/2010, que lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el titular de la cartera sanitaria, Juan Manssur, puso al frente del organismo a Yago Di Nella, y fijaron que el organismo funcione bajo la órbita de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.

Desde su blog personal el doctor Wilbur Ricardo Grimson, ex titular de SEDRONAR consideró que la creación del área es la continuidad de los embates contra la Secretaría de Gobierno y denunció que durante la última conferencia internacional sobre drogas de la ONU existió un intento del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de reemplazar la delegación argentina de SEDRONAR, por un grupo de “expertos” afines a Fernández.

A continuación lo publicado por el doctor Grimson:

Recientemente se ha dado a conocer el Decreto 437/2010 de la Presidencia de la Nación por el que se crea la Dirección de Salud Mental y Adicciones en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Nos parece un despropósito aunar campos que si bien contactan, tienen diferencias específicas.

En efecto la Salud Mental es objeto de tratamiento particular en el campo de las políticas de Salud desde que en los EEUU de Norteamérica se creó el Instituto de Salud Mental (NIMH) anexo a los Institutos de Salud (NIH).

Justamente el eminente Raúl Carrea propuso entre nosotros la creación del Instituto Nacional de Salud Mental en la década del 50 el que coordinaba, formaba y manejaba administrativa y presupuestariamente más de veinte instituciones nacionales. Cuando el proceso de descentralización dio lugar a la Dirección Nacional de Salud Mental ésta pudo a pesar de la pérdida de nivel administrativo – en la década del 80 – unificar la capacitación, formación y coherentización de las Direcciones Provinciales en un proceso que estuvo bajo la conducción de Vicente Galli. Desde la década del 90 no ha habido acciones significativas en el campo y se ha desperdigado la política pública en salud mental dejándola librada al arbitrio local.

Pero en los EEUU de Norteamérica también se creó el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) para tomar en cuenta la particular especificidad de la problemática adictiva. En nuestro caso sin avances descomunales en el campo de la salud mental, sin camas públicas en número suficiente en el campo de las adicciones, sin reconocer la gravedad potencial de ninguna de estas dos problemáticas, unificarlas parece un desatino. Curioso resulta que el Ministro de Salud -que firma el Decreto- proviene de una Provincia como Tucumán que ha reconocido la especificidad del tema creando una excelente Secretaría que ocupa el prestigioso Dr. Mirolli.

Podríamos suponer en cambio que se trata de continuar el embate contra uno de los méritos nacionales que todos los países le reconocen a la Argentina. Es haber unificado las políticas de drogas en la SEDRONAR, cuya jerarquía administrativa y de gestión de políticas está dada por su dependencia de la Presidencia de la Nación. Un repaso de las posibilidades de gestión de una Secretaría de la Presidencia y de una Dirección de Ministerio no deja dudas: no hay posibilidad de manejar presupuesto, distribuir o gestionar partidas, llegar a una interacción eficaz, representar al país.

Hace pocas semanas la SEDRONAR debió concurrir a la Asamblea de Viena sobre drogas y lo hizo con el beneplácito y reconocimiento de todos los países miembros. Como siempre ha sido el caso en el campo internacional desde que el Profesor Emérito de la UBA. el Dr. García Fernández ejerciera nuestra representación, muy significativa en términos de las Convenciones Internacionales. Pero se había registrado un intento, a mi modo de ver torpe, de reemplazar a la Secretaría de la Presidencia por miembros de una Comisión ambulante del Sr. Jefe de Gabinete.

Ocurre que cada semestre se convoca al MERCOSUR en el país que ejerce la Presidencia pro tempore de la Comisión de Drogas, a debatir cuestiones comunes. Brasil tiene una Secretaría de Estado, Chile, Brasil y Perú también. ¿Los va a citar un Director Nacional, o va a delegar eso en un Ministro ajeno al tema específico? ¿Quién ejercerá la representación internacional? ¿Cuál si alguna es la ventaja?

Creo que de este modo se promueve el descrédito del país que exhibe ante otros una singular confusión. Después que lo hizo la Argentina, EEUU unificó la coordinación de las acciones de la DEA y del NIDA en una Oficina de Drogas que se ubica casualmente en la Casa Blanca. De no resultar pretencioso el comentario, diríamos que nos estaban imitando.

Recuerdo que cuando como Secretario de la SEDRONAR visité al Administrador de la DEA en Washington y a los Asesores del Consejo de Seguridad y plantee mis objetivos me felicitaron por la referencia principal que formulé a dos temas claves en la lucha contra el crimen transnacional: dije que quería poner en marcha el Registro de Precursores Químicos para atacar la producción de droga en su raíz, y que estaba esperanzado en el accionar de la Unidad de Información Financiera que podía trabajar sobre las consecuencias del tráfico: la acumulación de divisas. Lo primero se logró y Argentina ocupó un papel principal en la presentación del tema en Viena durante la gestión. Lo segundo ha corrido el destino de las cosas olvidadas en el desván. No ha habido un solo juicio en el tema, cosa que resalta el último informe del GAFI, el que sorprendentemente no ha recibido la importancia debida.

A mi entender solo el desconocimiento profundo de las cuestiones ligadas a las drogas y de su evolución histórica en el país, puede movilizar este tipo de medidas que al confundir las especificidades y desconocer las necesidades operativas, degradan las instituciones y limitan los alcances de las políticas necesarias.

A mas de tres meses de aprobada por el Congreso Nacional la Ley de Prevención Educativa que propuso la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Nacional con acuerdo multisectorial de legisladores, ONGs, la CGT y la CTA, las prioridades no pasan por rebajar el alcance de las gestiones o confundir los campos, sino por unificar criterios en el marco de las Políticas de Estado que nos toca desarrollar. Bien harían las jurisdicciones provinciales si adhieren a esta Ley y ponen en marcha modelos evaluables de capacitación de docentes, padres, preceptores y alumnos.

Dr. Wilbur Ricardo Grimson
Presidente de la Fundación de Prevención Social
Ex Secretario de la SEDRONAR