Hace tiempo que se ha instalado en los medios de comunicación –y  en algunos sectores de la sociedad, básicamente intelectuales- un discurso acerca de las drogas que se sustenta en argumentos muy poco serios. Argumentos que tienen la finalidad de construir una percepción sobre el problema de las drogas que parece banalizar su consumo y, por otra parte, descalifica las estrategias que se han venido desarrollando en nuestro país en el campo de la prevención y la asistencia acusándolas de una variada gama de atrocidades. Por el lic. Fabián Chiosso, de la Comunidad Terapeútica Santa Clara de Asís.

Este discurso tiene temas centrales que se repiten de manera sistemática, aún por quienes no tienen un conocimiento adecuado sobre el problemas de las drogas: la violación a los derechos humanos en las Comunidades Terapéuticas; las internaciones como hechos compulsivos; la connivencia entre organismos del Estado y Ong’s; el consumo de drogas como una práctica básicamente recreativa; la imposibilidad de acceder a tratamientos por parte de los jóvenes de menores recursos en las condiciones actuales; la reducción del daño como única estrategia posible en el abordaje de los problemas relacionados con las drogas y la única compatible con los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y derechos humanos, entre otros.

En otros artículos que están en este blog traté estos temas y me parece importante volver sobre ellos, focalizando mis reflexiones particularmente sobre dos cuestiones: el problema de los derechos humanos y las internaciones forzosas.

Este trabajo se origina en una consulta que realiza un periodista de la provincia de la Rioja a nuestra Federación –FONGA- para una nota que está elaborando relacionada con este tema. Su consulta se inicia con un comentario sobre las opiniones que ha recogido de distintas organizaciones de reducción del daño –argentinas y chilenas- sobre las Comunidades Terapéuticas y nos comenta con preocupación que todas coinciden en afirmar que en las C.T. se violan los derechos humanos y que éstas funcionan como campos de concentración.

En mi respuesta planteo que “Es tan falso decir que en la Comunidades Terapéuticas se violan los derechos humanos, como sostener que en las experiencias de Reducción del Daño se promueve el consumo de drogas y se les enseña a los jóvenes a utilizarlas. Y es una acto de deshonestidad intelectual aberrante compararlas con campos de concentración”

“Lamentablemente se ha instalado una modalidad en la discusión de ideas que consiste en imputar al adversario las peores atrocidades y repetir esas acusaciones hasta el cansancio, independientemente de los fundamentos con que se cuenten, con la sola intención de imponer frente a la opinión pública un punto de diferenciación incuestionable. Lo que vemos que ocurre cotidianamente en el ámbito de la discusión política parece que se reproduce, también, en el de la salud y, en particular, en el de las adicciones.”

En efecto, así como en la discusión política mediática siempre aparece alguien que se erige en el último bastión y único reaseguro de la República y la Democracia, en el campo de las adicciones cunden tenaces defensores de las Libertades Individuales y de los Derechos Civiles que se proponen a sí mismos como los únicos y últimos bastiones en contra de autoritarismos de toda índole, especialmente el de las Comunidades Terapéuticas.

Propongo a continuación algunas cuestiones (reflexiones) relacionadas con nuestro trabajo en Comunidad Terapéutica, que si bien resultan obvias para todos los que recorremos este camino desde hace muchos años, es necesario instalar con claridad en la opinión pública.

La Comunidad Terapéutica. Algunos puntos sobresalientes.

Las Comunidades Terapéuticas –y voy a hacer referencia en especial a las instituciones federadas en FONGA-(1) están presentes en nuestro país desde hace 30 años. Son las primeras organizaciones sociales que abordan el problema del consumo de drogas hacia mediados de los ‘70, y en la actualidad atienden a más de 4500 personas en todo el país en programas de distintas características. Muchas de ellas están trabajando directamente con los complejos problemas que plantea la pasta base, obteniendo importantes resultados y con buenas perspectivas hacia el futuro.

Todas la C.T. trabajan dentro del sistema de salud –provincial o nacional, según los casos-, poseen equipos profesionales interdisciplinarios con una alta capacitación, y son auditadas permanentemente por organismos estatales, obras sociales y por los correspondientes Ministerios de Salud de cada provincia. Algo que no ocurre con ninguna otra experiencia de abordaje de los problemas que plantea el consumo de drogas.

En los últimos diez años muchas posiciones teóricas y técnicas respecto del modelo de Comunidad Terapéutica se vienen replanteando a la luz de las nuevas investigaciones y de las complejas situaciones a las que debemos dar respuestas en nuestro trabajo cotidiano. Italia, España, Estados Unidos, Holanda, son algunos de los países que han generado una importante bibliografía con autores como Luigi Cancrini, George De León, Domingo Comas, Martien Kooyman, entre muchos otros (2). También en nuestro país existe un profundo debate conceptual que si bien aún no se ha traducido en la publicación sistemática de materiales (3) , ha llevado al diseño y desarrollo de nuevas estrategias de trabajo que permiten abordar una gran diversidad de problemáticas vinculadas con el consumo de drogas: niños y adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley penal, personas con diagnóstico dual, adultos de ambos sexos, ludopatía, personas privadas de su libertad, etc. En estos ámbitos el modelo socioterapéutico de la C.T. sirve básicamente como referencia conceptual para la práctica, sumando al modelo tradicional residencial y a las experiencias ambulatorias, el trabajo en calle y distintos dispositivos que no requieren la internación de los usuarios.

La otra faceta del debate conceptual se desarrolla en el ámbito de la formación. Como ejemplo podemos señalar que en los últimos dos años se han formado en los cursos de capacitación que se dan en varias provincias de nuestro país alrededor de 500 personas, muchos de ellos profesionales del campo de la salud. La nota distintiva de estos espacios de formación es que sus docentes son profesionales y operadores socioterapéuticos con una larga trayectoria en el campo de las Ong’s y, en particular, de las Comunidades Terapéuticas.

Junto a esto surge un dato que se conoce y valora bastante poco y es que gran parte de las C. T. están vinculadas con las Universidades de las regiones en que trabajan. Este vínculo tiene, en principio, un planteo ligado a la formación a través de las pasantías institucionales y las distintas actividades conjuntas que se realizan. Un creciente número de profesionales recién recibidos ha hecho su experiencia en Comunidades Terapéuticas y han incorporado valiosos elementos prácticos y conceptuales a su formación académica. Lentamente esta relación comienza a incorporar orgánicamente a los programas de formación de profesionales la perspectiva de la Comunidad Terapéutica, como así también el desarrollo de investigaciones conjuntas.

Internaciones compulsivas, forzosas y demás afirmaciones ¿confusas?

Horacio Verbitsky es un periodista por el que tengo un gran respeto tanto por su trabajo periodístico como por su compromiso ético y político. El domingo 24 de enero publica en su columna de Página/12 una nota titulada “La Derecha pura y dura”, en la cual señala declaraciones de Eduardo Duhalde donde éste manifiesta su idea de incluir a las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad, proponiendo especialmente

“… declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, que estén donde estaban antes los conscriptos, ahí tienen que estar, tratando de reeducarlos”. (4)

En la misma nota vincula al titular de la SE.DRO.NAR, José Ramón Granero, con Duhalde y con su posición respecto de los “jóvenes en riesgo”, y finaliza su artículo afirmando que: “El modelo cristiano que aplica el Sedronar consiste en el otorgamiento de subsidios millonarios a instituciones en las que se interna en forma compulsiva a jóvenes que deben ser reeducados, por ahora sin ayuda de las Fuerzas Armadas.” (5)

La nota está disponible en Internet para que cada uno haga su análisis político y saque sus conclusiones (ver cita n° 4). Yo saqué las mías, pero no me interesa plantear una discusión sobre la interna del peronismo en este trabajo. Ni siquiera cuestionar las afirmaciones puntuales del periodista. Lo que me interesa es pensar acerca de los supuestos que sustentan este discurso tan desmesurado y erróneo -del cual este artículo no es más que un ejemplo- y de las condiciones que favorecen su circulación y su incorporación al imaginario de la sociedad como algo obvio.

En primera instancia nunca queda claro cuales son estas instituciones que reciben subsidios millonarios. Teniendo en cuenta que muchas CT trabajan en convenio con SEDRONAR, cabe preguntar: ¿Son las CT? ¿Cuáles? ¿Las conveniadas con SEDRONAR o todas las CT? ¿Hay otras instituciones que reciben millones? ¿Cuáles son? Si existen estas instituciones que reciben millones en forma irregular es muy importante denunciarlas, ya que están dilapidando los pobres (pobrísimos) dineros públicos destinados a la asistencia de las adicciones.

También pueden señalarse detalles como que los subsidios que otorga S.E.DRO.NAR, no son para instituciones sino para las personas que lo solicitan y que acceden a ellos luego de una evaluación clínica. Además, quienes conocemos de cerca la vida cotidiana de las CT, sabemos de sobra que los subsidios millonarios no están destinados a nuestras Ong’s (6). Ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder a créditos de los bancos oficiales. Cualquiera que analice con un poco de seriedad los presupuestos provinciales y nacionales destinados a la prevención y asistencia de las adicciones o a la niñez en riesgo, o bien analice los tiempos de demora en el pago de los servicios que brindan las Ong’s, cae inmediatamente en la cuenta que estas temáticas están lejos despertar el interés necesario para movilizar millones de pesos.

Por otra parte, el argumento que da a entender que todas las internaciones son compulsivas (o forzosas) es falso. No hemos conocido estadísticas serias que fundamenten esta afirmación (7). En nuestra experiencia observamos que este tipo de internaciones están asociadas en su mayoría a situaciones de consumo compulsivo de pasta base, y son determinadas por la justicia muchas veces por pedido directo de los familiares y en relación al artículo 482 del Código Civil . En este punto consideramos que en un gran número de casos esta actitud por parte de la justicia se debe más a la carencia de una política de estado integral, que brinde los dispositivos adecuados de prevención y tratamiento, que al cuadro clínico que presente la persona.

Si bien es cierto que la ley 23737 considera en sus artículos 16° y 17° la aplicación de la medida curativa (8), mediante la cual dispone de tratamientos obligatorios para los casos especificados, es un error grave considerar que todas las situaciones que requieren de una internación están relacionadas con este argumento legal. Como también es un error serio considerar –como lo hace el discurso al que hacemos referencia- la internación en sí misma como un atentado a los derechos y a la dignidad de la persona. Ningún organismo del estado vinculado a la atención de las adicciones tiene la potestad de forzar la internación de ninguna persona, y la inmensa mayoría de las instituciones –residenciales o ambulatorias- son de puertas abiertas y trabajan con la voluntad de las personas para realizar cambios en su vida.

Además, si tomamos la nueva Ley de Salud Mental de la Argentina (en proceso de aprobación por parte de los legisladores nacionales), considerada un instrumento fundamental en el campo de la salud mental y los derechos humanos, vemos que en su artículo 14 se reflejan exactamente los criterios de admisión e ingreso a los programas de CT que se han utilizado históricamente:

“La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente.”

Por último, la mención a la reeducación de las personas –o el recurso a términos similares que traen a la imaginación la técnicas del Khmer Rouge de la película “Los gritos del silencio”- muestra un desconocimiento absoluto de la multiplicidad de intervenciones que se realizan en las CT (psicoanálisis, teoría sistémica, teoría conductual-cognitiva, técnicas de intervención grupal de distintas escuelas, por nombrar algunos) desconocimiento que –como señalamos en relación a varias declaraciones- surge o bien de la ignorancia o bien de la mala fe.

La nueva ley de Salud Mental y la Reducción del Daño.

El periodista al que hacía referencia al inicio del artículo también nos consulta acerca de nuestra opinión sobre la nueva Ley de Salud Mental y las estrategias de reducción del daño. Me parece muy importante comenzar a fijar una posición al respecto, ya que estos puntos serán los núcleos de la discusión teórica, técnica, ética y filosófica que deberemos enfrentar en los próximos años. Más allá de la falsa disyuntiva ética en que se intenta plantear este debate –disyuntiva que no debemos aceptar bajo ningún punto de vista- toda reflexión que surja en este marco es muy valiosa. Para empezar, propongo aquí unas pocas y sencillas líneas que espero se vayan enriqueciendo con otras opiniones.

Respecto a la nueva Ley de Salud Mental, si bien no tenemos una posición definitiva, creemos que en términos generales es un avance muy importante en relación a las prácticas de la psiquiatría tradicional. La posibilidad de incorporar los principios fundamentales de las distintas convenciones y tratados sobre derechos humanos y salud mental abre nuevos caminos para superar prácticas y concepciones anacrónicas. En el campo específico de las problemáticas relacionadas con el consumo de drogas, la ley se articula con un proceso de varios años que nuestras instituciones vienen transitando. En cuanto a la posibilidad de favorecer el surgimiento de Comunidades Terapéuticas, eso dependerá del modo, de los objetivos y de los intereses con que se implemente la ley. Creemos que las CT son una herramienta más –muy importante, sin dudas- entre muchas otras que deberán ser creadas para abordar el problema actual de las drogas. Nuestro trabajo apunta a lograr que quienes toman las decisiones en el campo de la salud comprendan esto de manera cabal, para que la ley no sea solo un discurso progresista sino una herramienta eficaz para transformar la realidad. Esto es de suma importancia en vistas de las graves carencias que se observan tanto en el campo general de la salud mental como en el terreno particular de las adicciones.

En cuanto a las estrategias de reducción del daño, creemos que son modelos de trabajo diferentes, que parten de marcos conceptuales distintos. La CT. atiende personas con un severo deterioro determinado no solo por el consumo compulsivo de drogas, sino por una fuerte crisis en sus contextos sociales y familiares de pertenencia. Esto implica que las condiciones mínimas de contención y cuidado se han deteriorado a un punto que se pone en riesgo la vida y la salud física y emocional de la persona. Especialmente cuando los afectados son niños y adolescentes. Todos los programas de CT. están enfocados desde el inicio a reconstruir esos ámbitos por medios de intervenciones terapéuticas, educativas y preventivas que involucran a la familia y el entorno inmediato de la persona. Por su parte, los programas de reducción del daño parten de una estrategia de base territorial y en general ponen énfasis en los aspectos educativos y preventivos. Si bien existen muchas y marcadas diferencias entre estas perspectivas, creemos que ambas estrategias pueden ser absolutamente complementarias. Todo depende del marco en que se desarrolle esta relación y de qué criterio se privilegie en el debate de ideas: el acercamiento y la construcción compartida, o la confrontación y las posiciones cerradas y excluyentes.

Lamentablemente los términos en que se ha planteado la discusión en nuestro país –que se inicia a partir del tema de la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal- ha creado posiciones enfrentadas y aparentemente irreconciliables. Y concurre a hacer más complicado este panorama el hecho de que desde algunas personas se adjudican la posesión de verdades incuestionables y se proponen como el modelo ético a seguir. Sin embargo algunos de los argumentos en que se sustenta esa discusión son muy discutibles.

Para no abundar en cuestiones que ya desarrollé en este blog, haré una referencia a la figura del “consumidor recreativo” de sustancias –léase básicamente marihuana-. Sobre esta categoría se planteó en los medios de comunicación el fundamento de la discusión sobre la despenalización (9) de la tenencia de sustancias para consumo personal, pretendiendo que esa categoría podía dar cuenta de la situación de gran parte del universo de usuarios de drogas de nuestro país.

Sin embargo, el consumo recreativo refiere a prácticas que se observan principalmente en sectores medios y altos de lo sociedad. No da cuenta de la realidad que vive una gran cantidad de niños y adolescentes que pertenecen a los sectores más pobres. Si tomamos el discurso de los medios de comunicación de los últimos dos años, parece que estos niños se han hecho visibles a la sociedad desde le emergencia del consumo de pasta base y de la evidencia de sus efectos devastadores. Pero esto no se tradujo en replanteos o cambios sustanciales en las políticas sobre drogas. Más bien parece que solamente se apeló a buscar una mayor sensibilidad en la opinión pública respecto del tema.

Lo que produjo un debate profundo sobre la necesidad de cambiar la política de drogas en el país son lo problemas jurídicos relacionados con el consumo de marihuana, cuestión que impacta significativamente en jóvenes de sectores medios y altos de la sociedad. Así da la impresión que la discusión actual sobre la despenalización de las drogas surge de la preocupación acerca de los derechos civiles de los jóvenes de clase media. Solo el 6,2 % de los jóvenes detenidos en la Ciudad de Buenos Aires por tenencia de sustancias pertenecen a sectores carenciados que “viven en villas, asentamientos o en la calle” El artículo señala en su inicio que “El perfil probable del imputado por drogas puede sorprender: joven, de clase media, con estudios secundarios o superiores, con trabajo estable” (10). Con lo cual siguen pendientes de debate público una enorme cantidad de cuestiones relacionadas con el consumo de sustancias en sectores sociales con graves problemas socioeconómicos, particularmente en lo que hace a la realidad de niños y adolescentes.

A manera de conclusión…

Comparto con los lectores algunas conclusiones que desarrollé en otro trabajo –que acabo de terminar-, las cuales tal vez no se encuadren estrictamente en lo que venimos desarrollando, pero pueden servir como una propuesta a tener en cuenta para seguir trabajando sobre los verdaderos desafíos que tenemos por delante.

“La mirada social predominante sobre los niños y adolescentes a los que nos hemos referido en este trabajo –la cual, a mi juicio, impregna profundamente los ámbitos de diseño de políticas y de construcción de dispositivos y estrategias de trabajo en todos los espacios tanto gubernamentales como no gubernamentales- presenta severas limitaciones a la hora de pensar en respuestas específicas que puedan dar cuenta de manera efectiva de la complejidad que el problema nos plantea.

Creemos que se torna fundamental avanzar en por lo menos dos niveles. Uno de ellos es el que se refiere a los dispositivos técnicos y a las estrategias que se dirigen directamente a la población. Los modelos de trabajo educativos, preventivos, asistenciales, institucionales y/o territoriales utilizados hasta ahora han encontrado serios límites a sus posibilidades operativas. La complejidad que presenta la nueva realidad requiere de cambios cualitativos en nuestros modelos teórico y técnicos, como así también nos obliga a repensar las estrategias de intervención que hemos venido utilizando.

Sin embargo, creemos que la cuestión estratégica se juega en un nivel distinto. Básicamente en la posibilidad de salir de un planteo estrictamente asistencial y colocar la discusión sobre este tema en un plano eminentemente político, donde el eje de la discusión sea la construcción de condiciones de inclusión social efectiva. Discusión que debería poder definir claramente el lugar que el Estado, las Ong’s y los demás actores sociales involucrados deberían ocupar.

Desde nuestro punto de vista consideramos que la única estrategia realmente efectiva estaría dada por la articulación orgánica de estos actores: el Estado aportando básicamente el marco político y los recursos necesarios para la discusión y la construcción de estrategias de trabajo; las Ong’s sistematizando la experiencia y el conocimiento adquirido durante años de trabajo y la profunda inserción que muchas han logrado en los distintos espacios sociales.

En la medida que esta articulación no se lleve a cabo y se traduzca, por ejemplo, en un programa sostenido de trabajo e investigación conjuntos, del cual surjan políticas de Estado a mediano y largo plazo, seguirá teniendo preeminencia -como hasta ahora- la mirada que privilegia una actitud represiva sobre estos chicos, y evade la responsabilidad que todos deberíamos asumir en la construcción de una niñez distinta.”

Notas.

1. Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina – Esta Federación nuclea a 70 Ong’s de todo el país que trabajan en la prevención y asistencia de las adicciones en diferentes modalidades. Ver www.fonga.org.ar

2. En España cabe destacar el trabajo Oriol Romaní, quien seguramente no comparte muchas de nuestras posiciones, y sin embargo me parece un autor que todos deberíamos leer.
3. Que se puede observar en las diferentes ponencias de congresos nacionales e internacionales. Ver www.programacambio.org y también www.proyectohombre.es - http://descargas.encuentro.gov.ar/
4.  Citado por el autor. Ver nota en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-138962-2010-01-24.html 
5. Idem
6. Como ejemplo baste señalar que los subsidios que hoy otorga SE.DRO.NAR cubren apenas el 60% de los costos reales de un tratamiento que ofrece todas las garantías de una intervención profesional calificada acorde con los requisitos del Ministerio de Salud
7. Estamos buscando. Apenas encontremos datos confiables lo subimos para aportar al debate
8. Ver ley 23737 en http://www.programacambio.org/index.php/legislacion-argentina/142-ley-23737 
9. Muchos de quienes fundamentaron no solo la despenalización sino los lineamientos para una nueva política de drogas tienen argumentos muy sólidos e interesantes.
10. Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-130845-2009-08-30.html

Lic. Fabián Chiosso - C.T. Santa Clara de Asís

Sobre el Autor

Psicólogo Social (Escuela Superior de Psicología Social Dr. Enrique Pichón-Riviêre). Es especialista en temas de adicciones y ha trabajado en el área de prevención y tratamiento de usuarios de drogas con diferentes ONG en el gran Buenos Aires. Fundador y Director General de la Asociación Civil Santa Clara de Asis, organización que se dedica al tratamiento global de usuarios de drogas con el VIH-SIDA, también forma parte del consejo de administración de la Federación de ONG de la Argentina (FONGA).