El periodista Juan Federico dio a conocer hoy el dictamen de la ahora ex jueza federal Nº3, Cristina Garzón de Lazcano que ordena a la Nación elaborar planes de trabajo para incluir a 535 vecinos de Córdoba, para que no caigan en la venta de estupefacientes al menudeo. La medida dio lugar a un amparo presentado en el 2006 por cinco mil cordobeses que reclamaban capacitación y trabajo para los jóvenes, y represión a los narcotraficantes. La Nación puede apelar.

Los beneficiarios forman parte del grupo de alrededor de cinco mil personas que residen en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, quienes en diciembre de 2006 presentaron ante la Justicia Federal un amparo masivo solicitando al Gobierno nacional “medidas concretas” (capacitación y trabajo para los jóvenes, y represión a los narcotraficantes) para contrarrestar la droga.

Los amparistas, que consideraban que la Policía local “había abdicado” en su lucha contra el tráfico de estupefacientes, además de un Plan de Inteligencia para detectar a los “peces gordos” del narcotráfico, solicitaron que se elaboraran planes “serios” de trabajo, para que los vecinos desocupados no se vieran tentados a vender sustancias ilegales al menudeo.

Entre agosto y octubre de 2008, la entonces jueza federal Cristina Garzón de Lascano, en una medida sin precedentes, ordenó a la Nación que elaborara un Plan de Contingencia Laboral para 39 amparistas.

Ahora, elevó la lista de beneficiarios a 535 vecinos, quienes a principios del año pasado debieron ratificar en los tribunales federales que continuaban con el amparo y, además, presentaron una medida cautelar para ser incluidos en planes de empleo.

Su representante legal, el abogado Aurelio García Elorrio, recordó que los amparistas tuvieron que costearse por su cuenta los viajes hacia la sede judicial, por lo que algunos desistieron para no perder los trabajos temporales que tenían.

“En peligro” En el amparo masivo, los vecinos pidieron, ante el avance de la venta de droga en la Capital, que se elaboraran planes de trabajo concreto, “para que los chicos y jóvenes comprueben que existe otra posibilidad antes que la venta (de estupefacientes) al menudeo”.

En el fallo, que fue firmado el pasado 29 de diciembre, Garzón de Lascano expresó que los vecinos “se encontrarían amenazados, y el peligro en la demora, resulta de la difícil situación económica que atraviesan las familias de los amparistas, con lo que quedaría evidenciado que las medidas adoptadas hasta la fecha tendientes a salvaguardarlos resultarían insuficientes”.

Ante esto, le ordenó a la Nación que diagrame un Plan de Contingencia para todos los amparistas mencionados (ver “Plan de Contingencia”).

Inseguridad.

En el amparo original los vecinos también pidieron que el Gobierno nacional intervenga en la provincia con sus fuerzas de seguridad para detectar a los narcotraficantes que muevan más volumen de droga y dinero.

En ese sentido, uno de los amparistas presentó en octubre de 2007 una medida cautelar solicitando un Plan de Contingencia de Seguridad para Córdoba, a los que la jueza dio lugar. Sin embargo, la Nación apeló y en agosto último la Cámara Federal resolvió dejar sin efecto la medida cautelar.

El fallo ordenó a la jueza citar al gobernador de la Provincia para explicar a la Justicia qué planes concretos desarrolla para luchar contra el narcotráfico.

Consultado al respecto, García Elorrio se explayó: “En los barrios de Córdoba está aconteciendo un verdadero genocidio. Niños pertenecientes a familias de desempleados, que no han visto trabajar ni a sus padres ni a sus abuelos, están ingresando masivamente en la adicción a las drogas. Se trata de barrios enteros controlados por el narcotráfico en zonas liberadas, donde los vecinos atónitos ven móviles que estacionan en las mismas puertas de las casas donde se venden drogas”.

“Este nuevo genocidio –agregó– tiene responsables con nombres propios, especialmente en la mala dirigencia política vinculada al narcotráfico, y en bolsones cada vez más grandes de la Justicia Federal que cada día nos sorprende más con sus pronunciamientos sumamente condescendientes con los narcotraficantes”.

Por último, el abogado apuntó a las tareas de prevención: “Miles de kilos de droga pasan por los caminos de Córdoba a la Aduana y otros tantos miles ingresan a la ciudad. El Gobierno provincial despliega centenares de móviles en las rutas, que controlando las luces y los cinturones de seguridad, pero no advierten un escandaloso tráfico de drogas que destruye a los niños y jóvenes”.

Plan de Contingencia

Analizar.

La primera medida que la ex jueza sugiere es determinar con el auxilio de la Anses si los amparistas beneficiados están actualmente desocupados; y determinar con el auxilio del Colegio de Servicio Social de la Universidad Nacional de Córdoba, si los mismos están en la actualidad efectivamente desocupados y en condiciones de trabajar. De ser así, la ex magistrada ordena incorporar a cada uno de los amparistas en un programa ocupacional de los previstos en el artículo 106 de la Ley de Empleo No 24.013, donde se establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar la emergencia ocupacional de sectores productivos o regiones geográficas en atención a catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas.

Legislación.

La normativa a la que apeló el abogado Aurelio García Elorrio (foto) es el artículo 108 de la mencionada ley 24.013 añade que “los programas de emergencia ocupacional consistirán en acciones tendientes a generar empleo masivo por un período determinado a través de contratación directa del Estado nacional, provincial y municipal para la ejecución de obras o prestación de servicios de utilidad pública y social, e intensivos en mano de obra”.