26 de junio: Día internacional de lucha contra las drogas - FONGA, la Federación de ONG Argentinas dedicadas al tratamiento de las adicciones lanzó un documento, que desde su título deja sentado que no existe una sola visión de la problemática de las drogas. Frente a las pretensiones hegemónicas de un sector del Gobierno Nacional, las ONG plantean un modelo para la construcción de una Política Nacional de Drogas basado en la participación de la Sociedad Civil y de las entidades que desde años vienen batallando contra las adicciones.

I - Introducción.

1.      El presente documento se elabora en el marco del debate sobre  una nueva política de drogas para nuestro país ([1]).

2.      Consideramos necesario hacer nuestro aporte para ofrecer a la sociedad los elementos conceptuales apropiados para dar cuenta del problema de las drogas en toda su complejidad. Incorporamos, para ello, la voz de algunos de los actores más importantes que han surgido en el campo de la educación, prevención y asistencia de las adicciones de las tres últimas décadas como son las Ong’s ([2]).

3.      Además, como referentes a nivel nacional de un gran número de estas Organizaciones no Gubernamentales y con una basta experiencia en materia de drogas, nos vemos con la responsabilidad de aportar nuestra perspectiva sobre una serie de temas de gran importancia para la construcción de una nueva manera de pensar el problema de las drogas.

4.      Para llevar adelante esta tarea partimos de los tres ejes más significativos que, a nuestro juicio, organizan el debate actual sobre la política de drogas: uno jurídico, el cual hace referencia a la necesidad de adecuar todas las acciones relacionadas con la prevención y la asistencia de las adicciones con los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y derechos humanos; otro conceptual, que trata sobre las distintas maneras de pensar el problema del consumo de drogas y las adicciones, los distintos análisis y diagnósticos sobre la situación actual, así como la formas más adecuadas de prevención y de abordaje terapéutico;  y un tercer plano que denominamos ideológico – político que hace referencia a las tensiones entre distintos actores sociales que tratan de imponer una determinada mirada sobre el problema de las drogas por sobre las demás.

5.      Por último, este documento pretende ser un reconocimiento a todas las personas que forman parte de las Ong’s –profesionales, técnicos, operadores socioterapéuticos, voluntarios- quienes han dedicado su vida a la tarea de llevar alivio y esperanza a tantas personas que lo necesitan. Ellos son los verdaderos protagonistas que inspiran las notas que aquí presentamos.

II - El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ámbito de la Justicia.([3])

1.      Respecto a las cuestiones relacionadas con el ámbito de lo jurídico, consideramos acertado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenaliza la tenencia de sustancias para consumo personal. En varios documentos  elaborados por esta Federación hemos resaltado la necesidad de considerar al consumidor problemático de sustancias psicoactivas como una persona  cuya situación requiere de un abordaje educativo y socio - sanitario para su atención. No debe la ley sancionar penalmente a un consumidor solo por el potencial de peligro subjetivo que se le otorga a esta conducta en base a prejuicios y estigmas sociales.

2.      Valoramos también que este fallo contribuya a introducir en la legislación sobre consumo de sustancias los principios fundamentales del respeto por la persona humana, consagrados en todas las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Salud Mental ([4]). La enorme complejidad que hoy presenta el consumo de drogas legales e ilegales, sumado a las implicancias dramáticas del narcotráfico sobre el tejido social, requieren de definiciones claras y precisas en varios ámbitos. Creemos que una legislación adecuada es uno de los pilares centrales de cualquier política sobre drogas que pretenda un impacto transformador en la sociedad.

3.      Sin embargo las cuestiones judiciales que hoy dominan el centro de la escena no deben hacernos perder del vista que los ejes de la discusión son extremadamente más complejos. El carácter de una norma jurídica no alcanza para explicar el desarrollo de prácticas sociales como el consumo de sustancias. Tampoco representa en sí misma la solución a un problema que, fuera de toda duda, tiene su origen en una multiplicidad de factores. En efecto, el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales, no puede ser explicado solamente por el componente de trasgresión a la ley que lleva implícito. La pobreza y la exclusión social; el deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la clase media; la falta de expectativas hacia el futuro –muy especialmente en los jóvenes-; la cultura del consumo indiscriminado ([5]); el culto del individualismo extremo como valor asociado a la libertad y al ejercicio de los derechos civiles ([6]); los cambios radicales en las formas de organización familiar determinados en gran medida por la precarización laboral y el desempleo, son algunos de los factores del orden de lo social, económico y cultural con mayor presencia en la generación de condiciones que favorecen el consumo de drogas. Estos deben ser considerados en el mismo nivel que los factores jurídicos.

III - Sobre las políticas de Estado

4.      El mencionado fallo de la Corte Suprema y el debate actual  sobre las drogas obliga a reflexionar también sobre el papel del Estado en la construcción de una política de drogas efectiva. Si bien el Estado por intermedio de varios organismos nacionales, provinciales y municipales, y a través del la cobertura exigida a las Obras Sociales en el tema adicciones, ha facilitado en estos último años el acceso a tratamientos específicos a muchos ciudadanos cuya situación lo requería, las carencias y falencias actuales en políticas sanitarias y educativas son alarmantes. Por ello urge establecer nuevas políticas públicas en relación al consumo de drogas, con una creciente inserción en el seno de la sociedad, una estrategia a mediano y largo plazo  y una sólida articulación con la red de ONG’s que existen en Argentina. Privilegiando un especial enfoque en las poblaciones infantiles y juveniles más vulnerables.

5.      Es necesario aclarar que las carencias que señalamos no pueden ser atribuidas exclusivamente al modelo actual de abordaje del problema de las drogas ([7]). En gran medida se debe a los magros presupuestos asignados a las áreas vinculadas a la drogodependencia. Como ya señalamos, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales y Municipales, en sus grandes líneas de acción, han mostrado poco  interés respecto al problema de las drogas, y más allá de los diversos discursos que se han elaborado, salvo en cortos períodos que fueron la excepción, la inversión en prevención y atención de las adicciones no parece haber sido una prioridad.

6.      No cabe duda, entonces, que tanto el rol de Estado como el modelo de abordaje de la drogodependencia deber ser revisado y reformulados de acuerdo a los desafíos actuales. Sin embargo no creemos sensato desconocer ni desprestigiar lo que se ha logrado hasta el momento.  La experiencia e infraestructura que tanto el sector público como las ONG’s han consolidado con gran esfuerzo debe ser el punto de partida de cualquier nueva política de drogas. Dicho capital de acción debe ser desarrollado y fortalecido en el futuro Plan sobre Drogas. De ninguna manera debilitado y menos aún desmantelado.

7.      En este punto cabe una consideración especial sobre el tema de la  prevención de las adicciones. Históricamente el ámbito de la asistencia a las personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias fue el que alcanzó un mayor desarrollo y una mayor inserción en la sociedad, marcando la ausencia de políticas específicas para la anticipación de esta problemática. Es por ello que las actividades de prevención provenientes, tanto del ámbito público como privado no tuvieron una consideración similar, ni desde el punto de vista presupuestario ni desde el punto de vista de la planificación y ejecución de programas. Cualquier propuesta de políticas públicas en adicciones que pretenda transformar la situación actual debe incorporar una perspectiva de prevención integral. Perspectiva que lejos repetir las prácticas de los modelos informativos y didácticos acerca de las drogas y sus efectos, se proponga lograr transformaciones reales en el nivel de las representaciones sociales, y de los hábitos y costumbres referidas a la vida cotidiana de las personas: educar a las personas en libertad pero con responsabilidad; buscar modificar las condiciones socioculturales que favorecen el desarrollo de las problemáticas sociales; intervenir en la ayuda a las personas a superar las situaciones de malestar y ofrecer opciones saludables que les permita mejorar su calidad de vida.

Un objetivo central de cualquier política de estado debería ser el de instalar la perspectiva de la prevención integral de las adicciones como un valor cultural en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

8.      Nuestra vasta experiencia nos permite sugerir que la respuesta al problema del consumo de drogas debe estar orientada por una perspectiva integral que, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, articule claramente las dimensiones legales, psicológicas, antropológicas, sanitarias, sociales, culturales y educativas que le son constitutivas. Esa perspectiva debe priorizar el fortalecimiento de todos los dispositivos, educativos, preventivos y de atención que garanticen un abanico de posibilidades para su abordaje, incorporando los modelos de reducción del daño y todos aquellas estrategias de trabajo que surjan a la luz de los actuales avances en las ciencias sociales y de la salud.

9.      Esa tarea debe estar a cargo de un organismo específico que nuclee todas las acciones en educación, prevención, asistencia, e investigación. El mismo debería contar con  autonomía administrativa y política, como así también con la capacidad técnica necesaria para articular las áreas ministeriales de salud, educación, trabajo, desarrollo social, cultura. Para ello es fundamental que cuente con los recursos presupuestarios necesarios para esta tarea.

10. Una política de drogas que pretenda una inserción de largo alcance en la sociedad debe articular necesariamente el ámbito de lo público con las Ong’s, y postularse claramente como una Política de Estado, quedando resguardado de los avatares político - institucionales y asegurando su continuidad en el tiempo.

IV - El lugar de las Ong’s en las Políticas Públicas de Drogas.

11. Observamos con gran satisfacción que muchos de los nuevos documentos elaborados por expertos consideren en sus propuestas para definir políticas públicas en adicciones muchas de las concepciones y prácticas que históricamente hemos utilizado las Ong’s. Estas ideas se encuentran sistematizadas en los distintos programas terapéuticos y preventivos de las instituciones federadas desde sus inicios, y sirven como guía permanente a la hora de delinear nuestras estrategias de trabajo. Por este motivo creemos que el aporte de las Ong’s en el proceso de construcción e implementación de políticas públicas es de vital importancia, con lo cual reafirmamos nuestro derecho a participar activamente en ese proceso.

12. En apoyo a lo que sostenemos en el punto anterior hacemos referencia a la Declaración del Foro Internacional de Organizaciones No Gubernamentales denominado “Más Allá de 2008”, reunido en la Sede de Naciones Unidas en Viena, Austria,  que fue aprobada por consenso el 9 de Julio de 2008 luego de un proceso que involucró a 500 Ong’s de 116 países. Allí se define a las Organizaciones no Gubernamentales como uno de los actores fundamentales reconocidos por Naciones Unidas en cuanto al abordaje de las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias ([8]). También la Red Iberoamericana de Ong’s que Trabajan en Drogodependencias –RIOD- en la declaración realizada en Antigua, Guatemala el 14 de Mayo de 2010, reivindica el derecho de las instituciones, las sociedad civil y los ciudadanos a participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos ([9]).

13. Por su parte, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas estima que aproximadamente el  80 % de las personas que reciben atención por problemas relacionados con los drogas en Latinoamérica lo hace en una ONG. En nuestro país  la Ong’s reunidas en FONGA poseen una capacidad de atención para 4500 personas junto a sus familias en los distintos dispositivos terapéuticos y educativos. Esto se explica, entre otras cuestiones, por la inserción social y comunitaria que las entidades de la sociedad civil han alcanzado luego de muchos años de trabajo, y por la calidad y efectividad de sus programas.

14. En Argentina las ONG’s han sido en muchos casos los espacios iniciales de formación y desarrollo de muchos profesionales que llegaron a ocupar cargos públicos en el campo de las adicciones; y fueron, históricamente, las primeras en responder -con muchos aciertos y lógicos errores-, a las necesidades de prevención y asistencia que el consumo de sustancias generó en la sociedad. Incluso acompañaron a muchos de los organismos estatales especializados en sus inicios. Desconocer el protagonismo de las ONG’s a la hora del armado de Políticas Públicas y los aportes que pueden dar en dicha tarea es ignorar la valiosa sinergia que el Estado puede encontrar en esta alianza

15. Los temas relacionados con la calidad y la efectividad de nuestros programas son centrales en las tareas que hoy desarrolla FONGA. En efecto, el espíritu de nuestra federación manifiesta una voluntad permanente de crecimiento, formación de recursos, investigación y docencia. Todas las instituciones federadas cuentan con equipos interdisciplinarios, constituidos por médicos, psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, sociólogos, trabajadores sociales, docentes, operadores socioterapéuticos, enfermeros, lo cuales reciben capacitación permanente.  Han sido habilitadas por las autoridades sanitarias correspondientes y reciben auditorias mensuales de diversos organismos del estado.

16. A comienzos de 2010 se inició la implementación de un programa de Certificación  de Consejeros Terapéuticos en Adicciones coordinado por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y auspiciado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas perteneciente a la organización de los Estados Americanos –CICAD/OEA-. Dicho programa está destinado al desarrollo de competencias de calidad por parte de los operadores, técnicos y profesionales que forman parte de los equipos técnicos de las ONG’s.  Por otra parte la calidad de nuestro trabajo y la creciente producción teórica y técnica muestran su reconocimiento en la inserción que muchas entidades tienen en distintas Universidades de nuestro país, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de San Juan, entre otras.

17. En los últimos años las Ong’s han diversificado sus programas preventivos y terapéuticos según los nuevos problemas que el consumo de sustancias fue planteando. Aunque el desarrollo de las Ong’s afiliadas a FONGA comenzó con la puesta en marcha de distintas Comunidades Terapéuticas a mediados de la década de los 70, nuestro movimiento no se limitó a esta única oferta asistencial, ya que con los años comenzaron a desarrollarse proyectos de Prevención Comunitaria, Prevención Escolar, Comunidades de Día y de Noche y distintos modelos de Programas de Asistencia  Ambulatoria. Hoy existen programas especializados de diferentes características para niños, adolescentes y adultos de ambos sexos, así como programas para pacientes con doble diagnóstico y para persona privadas de su libertad.

18. Un  papel muy importante que las Ong’s desempeñan actualmente está relacionado con una problemática que asume ribetes dramáticos: el consumo de pasta base o “paco”. En poco tiempo las Comunidades Terapéuticas han desarrollado programas de trabajo que permiten dar cuenta de muchos de los serios problemas que plantea este tipo de consumo10">[10].  Entre el 60 y el 80 % de la población atendida en Buenos Aires ha transitado la experiencia de consumo de pasta base y una buena parte de ellos logran una reinserción saludable en su medio familiar y social.

19. Por lo expuesto resaltamos que uno de los objetivos esenciales a lograr en la relación entre el Estado y las Ong’s debe estar dirigida al diseño conjunto de modelos institucionales adecuados a los nuevos problemas que plantea el consumo de drogas, como así también a la formación y actualización conjunta de los recursos humanos que tales dispositivos requieren. La posición que hemos sostenido al respecto desde la fundación de nuestra Federación es que sin una adecuada articulación entre Ong’s y Estado no es posible desarrollar una política de drogas eficaz y sostenida en el tiempo.

V - Aspectos conceptuales que surgen de las prácticas de las Ong’s

20. Como señalamos en el punto 11, muchos de los criterios diagnósticos y de organización de nuestros servicios se están sistematizando en el marco de las propuestas que realizan las comisiones de expertos en adicciones de distintos ámbitos oficiales. Sin embargo, si bien acordamos en términos generales desde un punto de vista metodológico, creemos necesario aportar algunos elementos conceptuales que han surgido a lo largo de nuestra práctica y que consideramos de gran riqueza.

a.       Criterios  diagnósticos, estrategias de abordaje y diseños institucionales

Nuestra experiencia nos ha demostrado que la posibilidad de realizar diagnósticos integrales cada vez más precisos permite una correcta derivación de las personas según las necesidades terapéuticas que presentan. Históricamente las Ong’s han desarrollado criterios de evaluación diagnóstica -que son elaborados desde una práctica interdisciplinaria- y modelos de intervención acordes con los distintos diagnóstico, por lo cual han desarrollado diferentes instancias de contención psicosocial y de abordaje terapéutico. La concurrencia semanal a grupos terapéuticos y de autoayuda, el hospital de día y de medio día, incluso la integración entre el modelo residencial de Comunidad Terapéutica con dispositivos ambulatorios son modelos históricos que en los últimos años se han ido consolidando. A esto se están sumando paulatinamente el trabajo de equipos de intervención territorial en vistas de las problemáticas que presentan la población de niños y adolescentes, especialmente aquellos que se encuentran en situación de calle.

En cuanto al tema de las internaciones relacionadas con problemas de consumo de sustancias, vemos necesario realizar algunas precisiones ya que consideramos que no ha sido debidamente abordado. En efecto, es particularmente preocupante el modo en que algunos medios de comunicación –y también algunos profesionales- informan a la población sobre las internaciones que se realizan en las Comunidades Terapéuticas, ya que manifiestan un nivel de desconocimiento alarmante sobre las prácticas de estas Ong’s. Así, desde posiciones supuestamente progresistas y sin fundamentos claros brindan información confusa y sesgada.

En primera instancia se presenta la internación que se realiza en Comunidades Terapéuticas en los mismos términos que la internación psiquiátrica clásica. Esto es lo que permite sostener en ciertos discursos la idea del encierro y el argumento de que se aísla y margina a las personas de sus vínculos familiares y sociales haciendo más compleja su reinserción social y familiar.  Quienes así se expresan parecen desconocer que la Comunidad Terapéutica atiende personas con un severo deterioro determinado no solo por el consumo compulsivo de drogas, sino por una fuerte crisis en sus contextos sociales y familiares de pertenencia. Esto implica que las condiciones mínimas de contención y cuidado que estos contextos pueden brindar se han deteriorado a un punto que se pone en grave riesgo la vida y la salud física y emocional de la persona. Especialmente cuando los afectados son niños y adolescentes. Todos los programas de Comunidad Terapéutica están enfocados desde el inicio a reconstruir esos ámbitos por medios de intervenciones terapéuticas, educativas y preventivas que involucran a la familia y el entorno inmediato de la persona. Esta concepción integral está en la base conceptual y filosófica del modelo de Comunidad Terapéutica.

El otro sesgo que se introduce en la información es el de vincular las internaciones con la persecución policial y la penalización del usuario de drogas. Si bien es cierto que la ley 23737 considera en sus artículos 16° y 17° la aplicación de la medida curativa ([11]) mediante la cual dispone de tratamientos obligatorios para los casos especificados, es un error grave considerar que todas las situaciones que requieren de una internación estén relacionadas con este argumento legal. Según una investigación realizada en conjunto por SE.DRO.NAR  y el Observatorio de Drogas de la Ciudad de Buenos Aires, cerca del 99 % de los expedientes iniciados por infracción a la ley 23737 ya eran archivados mucho antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola ([12]).

Además, la inmensa mayoría de las instituciones –residenciales o ambulatorias- son de puertas abiertas y trabajan con la voluntad de las personas para realizar cambios en su vida. Uno de los  teóricos más importantes que ha trabajado sobre el modelo de Comunidad Terapéutica, el psiquiatra e investigador George De León (2004), señala que

“Asumir la responsabilidad significa que el individuo toma la decisión voluntaria de cesar su conducta de consumo de drogas … Así, desde la perspectiva de la Comunidad Terapéutica, la recuperación es siempre responsabilidad del individuo, sin importar la etiología del abuso de sustancias” (Del León, 2004: 68)

Por último, se confunde la internación indicada para realizar un tratamiento de rehabilitación con aquella indicada en casos de intoxicación. Si bien ambas requieren de la permanencia de la persona en una institución especializada, estas intervenciones tienen objetivos distintos, metodologías distintas, y prácticas terapéuticas distintas. Una apunta a un proceso que puede ser de corta, media o larga duración, e implica el compromiso y la decisión de la persona para realizar cambios significativos en su vida, mientras que la otra apunta a resolver una situación aguda donde, generalmente, no se pone en consideración la voluntad de la persona, y no tiene directa relación con el inicio de un proceso terapéutico.

Si tomamos la nueva Ley de Salud Mental de la Argentina ([13]), considerada un instrumento fundamental en el campo de la salud mental y los derechos humanos, vemos que en su artículo 14° se reflejan exactamente los criterios de admisión e  ingreso a los programas de Comunidad Terapéutica que se han utilizado históricamente:

“La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente.”

b.      La Reinserción Social y Familiar

El problema de la reinserción social y familiar viene principalmente ligado a los modelos de tratamiento residenciales, aunque en realidad es un proceso clave en todas las modalidades de abordaje. La noción de reinserción social hace referencia al proceso por el cual una persona en tratamiento va adquiriendo los recursos emocionales, cognitivos, psicológicos y sociales necesarios para construir y  sostener una relación saludable con su medio familiar y social.

Si observamos este proceso desde el punto de vista de la atención integral, podemos concluir que la reinserción social no es una tarea que pueda evaluarse exclusivamente en relación a la calidad de los programas que presentan las instituciones. Si acordamos que en las problemáticas vinculadas al consumo de sustancias el peso del ámbito de lo social es tan importante como el de la salud, la reinserción es entonces una tarea conjunta entre los programas terapéuticos y el Estado. Los primeros son responsables de las cuestiones técnicas de sus programas de reinserción social, y el Estado debe asegurar condiciones que faciliten ese proceso  en los diferentes ámbitos de la sociedad: escuela, trabajo, vivienda, capacitación laboral, acceso a la salud, etc.

Por otra parte, en cuanto a los problemas que plantean las poblaciones más  vulneradas desde el punto de vista de sus derechos económicos y sociales, las Ong’s pensamos en un modelo de inclusión social. Esta perspectiva apunta a despatologizar conductas y prácticas sociales que emergen fundamentalmente en condiciones de exclusión social y extrema pobreza.

c.       Los abordajes integrales.

La complejidad que adquiere el problema de las drogas en el momento actual obliga a pensar en estrategias interdisciplinarias que permitan capturar el fenómeno del consumo de sustancias desde distintas perspectivas disciplinarias. Requiere también de un abordaje integral el cual, en términos sencillos, implica intervenir en todas las dimensiones que hacen al sujeto: la salud, lo social, lo institucional, lo jurídico, lo cultual, lo educativo, lo espiritual, etc. La idea de un ser bio-psico-social -a la que muchas personas agregan la dimensión espiritual- es la base de esta propuesta.

Esta manera de pensar el problema de la drogas debe reflejarse tanto a nivel organizacional –en los dispositivos estatales interministeriales, en los equipos técnicos interdisciplinarios, en el diseño de las instituciones- como a nivel de la planificación, de las estrategias y acciones que las ponen en práctica y de los marcos teóricos que las sustentan. Sin embargo observamos que el abordaje integral queda muchas veces en el nivel discursivo, ya que existen dificultades conceptuales para dar cuenta de esa integralidad. En efecto, llegado el momento de las propuestas concretas en general se observa una tendencia hacia un planteo reduccionista que medicaliza y patologiza una situación social compleja. O bien incorpora distintos marcos teóricos de la psicología o la psiquiatría estrictamente vinculados al campo de la salud, dejando las dimensiones antropológica, cultural y social como simple telón de fondo. De este modo, la posibilidad de pensar el consumo de sustancias como prácticas sociales que se explican no por una situación patológica sino como estrategias de construcción de pertenencia y relaciones sociales, incorporadas y validadas como pautas de acción en distintas sub - culturas[14], queda excluida. Lo mismo ocurre con la dimensión espiritual, que ni siquiera es mencionada en la mayoría de los documentos a los que hacemos referencia.

d.      Abuso de Sustancias, Adicción y Abstinencia.

Cuando se habla de adicciones, parecería ser que se delimita claramente un campo de conocimiento que hace referencia al uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el fenómeno de la adicción es solo una parte, un sesgo, del campo mas amplio del uso indebido de sustancias psicoactivas. Alain Ehrenberg (1994) señala que las imágenes y situaciones que configuran el estereotipo del toxicómano, del “adicto”, totalmente desocializado hacen referencia sólo a una población restringida. “Pues la toxicomanía es frecuentemente un pasaje, y los drogadictos autocontrolan a menudo sus consumos, o navegan entre fases de dependencia completa y de corte” (Ehrenberg, 1994:15). Toxicómano, afirma el autor, es aquel que ya no logra controlar su consumo.([15])

Hugo Miguez (1998) señala algo muy parecido, cuando dice que el término “adicciones” o “dependencia”, utilizado en distintos momentos por la OMS, hace referencia sólo a una faz terminal de los trastornos derivados del uso indebido de sustancias. Y mantiene el mismo sentido el concepto de “síndrome de dependencia”, utilizado actualmente. Si la percepción del problema se centraliza en este concepto –la “adicción”- , quedan excluidos los problemas relacionados con el abuso de sustancias, de mayor alcance y generalmente de mayor gravedad.

A su vez Bialakowsky (2001) afirma que, desde este punto de vista, las adicciones –en tanto construcción social que une inseparablemente la droga con el adicto y oculta otros consumos tanto o más nocivos pero despenalizados- son una construcción de las sociedades contemporáneas. Una de las consecuencias de esta construcción, es que queda centrado el tema de las “adicciones” al consumo de drogas “ilegales”, desvinculando así en gran medida los problemas generados por el uso de alcohol, tabaco y distintos tipos de fármacos.

Creemos entonces que al momento de hablar de adicciones debe tenerse en cuenta estas consideraciones para no caer en generalizaciones confusas y también para no equipara el consumo de sustancias a una enfermedad infectocontagiosa. En términos generales creemos mas adecuado utilizar la noción de uso y abuso de sustancias psicoactivas para designar el uso de sustancias, legales e ilegales, que produce como resultado la alteración de la percepción, los estados de ánimo y la operación de transformaciones en las condiciones de relación del sujeto con el medio social, y cuyo sostenimiento en el tiempo provoca un fenómeno de tolerancia física, psicológica y social que -en muchos casos- trae aparejado la emergencia de diversos trastornos y problemas en el ámbito de las relaciones sociales y de la salud ([16]).

Por otra parte, observamos que se hace un uso claramente sesgado del concepto de abstinencia ([17]). Especialmente por parte de algunos discursos que intentan sostener una posición crítica frente a las prácticas de las Ong’s. Para precisar nuestro punto de vista proponemos dos posibles sentidos para el uso de este término. Por una parte, en el marco del tratamiento de las personas con graves problemas relacionados con el consumo de sustancias, la abstinencia es un objetivo que se impone por su propio peso: aquellas personas cuya salud se ve extremadamente vulnerada y en permanente riesgo por el consumo de drogas, deben tener la posibilidad de construir un estilo de vida libre de drogas. Este objetivo está presente en muchos de los programas que ofrecen las Ong’s, tanto ambulatorios como residenciales. Sin embargo, dista mucho de ser un objetivo rígido y excluyente, ya que las personas siempre  tienen la opción de decidir –aun en las situaciones más críticas- sobre cuales son sus límites en relación al consumo de drogas.

Cuando la abstinencia se propone como un estilo de vida, es cuando entramos en el terreno de las consideraciones morales. Territorio que es necesario tratar con respeto y cuidado, ya que entendemos que cada ciudadano tiene derecho a vivir según una moral y una ética; pero cuando ese estilo de vida se intenta imponer como el único modelo a seguir, es donde surgen las posiciones extremas: en el campo de la prevención y asistencia, se da un corrimiento desde una mirada profesional a una mirada moralista que a nuestro entender conlleva graves errores en el sentido que se asigna a las intervenciones terapéutica; en el campo conceptual e ideológico, se adoptan posiciones rígidas y autoritarias.

Cabe señalar que lo mismo ocurre con las posiciones opuestas a la abstinencia, que al postularse como el único modelo válido frente a la cuestión del uso de drogas, se tornan tan autoritarias y discriminadoras como aquellas que dicen cuestionar. Tanto el discurso moralista sobre la abstinencia, como el discurso que banaliza el consumo de drogas y lo presenta como un derecho natural, son posiciones sectarias que desprecian el valor de la vida y la capacidad de elegir y responsabilizarnos que tenemos las personas.

e.       El “Paco”

Entendemos que una política de drogas que se pretenda eficaz no puede estar fundada en el problema del “Paco”. La cuestión de las drogas en nuestro país excede en gran medida los problemas que el consumo de esta sustancia genera.

El consumo de “paco” introduce un desafío superlativo para los sistemas de atención, articulando la vida y la muerte de niños y adolescentes con la injusticia y la exclusión social, y requiere de respuestas urgentes. Sn embargo una política de drogas no debe basarse puramente en las sustancias que se consumen, sino en las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y subjetivas que hacen  posible esos consumos. Así como se sostiene que el “paco” ha permitido visibilizar la exclusión social y la pobreza ([18]), el discurso actual sobre esta sustancia hace invisibles la presencia y la peligrosidad de otras sustancias y de las prácticas asociadas.

VI - Sobre los aspectos políticos e ideológicos.

21. Por otra parte consideramos que en el debate público todos los actores debemos ser cuidadosos a los efectos de no banalizar el consumo de drogas. Asignarle el atributo de “recreativo” a algunos consumos no les quita el carácter de práctica de riesgo. Si bien la propuesta de descriminalizar al consumidor por su acto de tenencia de drogas nos parece un avance en la materia, debemos ser sumamente cuidadosos en la manera en que esto se comunica a la población no experta en el tema que puede confundir “despenalización” con “legalización”, y “descriminalización” con “invitación al consumo”. Por ello el mensaje de nuestra Federación se posiciona en entender la despenalización como positiva en razón del respeto de la libertad personal en las elecciones morales,  pero enfatizando los riesgos inherentes  a toda práctica de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales la cual se desaconseja taxativamente.

22. Por esto mismo, y debido a la profunda inserción social que tienen muchas de las Ong’s, lo cual las pone en contacto con poblaciones sumamente vulnerables que no están insertas en ámbitos formales como la escuelas o trabajos estables y por ello son invisibilizadas por la mayoría de las estadísticas oficiales,  vemos la necesidad de incluir en la actual discusión sobre las políticas de drogas la amplia variedad de contextos sociales, que van desde los mas adversos, a los mas protegidos, en los cuales las mismas prácticas de consumo adquieren distintos significados.

23. Algunos medios señalaron en estos días que en nuestro país entre 35.000 y 50.000 personas al año buscan asistencia por problemas relacionados con el consumo de drogas y no la consiguen ([19]). Estas estimaciones muestran que el problema que debemos enfrentar como sociedad es grave y requiere, a nuestro juicio, de la utilización de todos los recursos humanos e institucionales disponibles. Plantear en términos antagónicos la relación entre Estado y ONG’s sería un error de gravísimas consecuencias en este marco social tan vulnerable. De lo que se trata es de lograr acuerdos en objetivos y respetar la propuesta de distintos métodos operativos sustentados en teorías y prácticas ya probadas.

24. Si algo ha quedado claro en quienes conocemos el problema que plantea el consumo de drogas es que no hay un solo saber o una sola metodología que pueda resolverlo. Y que si bien las experiencias de otros países deben servir de referencia, no debemos copiar mecánicamente fórmulas que tuvieron éxito en otros contextos. El gran desafío que tenemos por delante es encontrar nuestro propio camino.

FONGA.

Buenos Aires, Junio de 2010

VII - Citas