Este 29 de agosto se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso “Arriola”, despenalizó la tenencia de drogas. El hecho pretendió una merma para el consumo, pero la advertencia que lanzó en aquellos días la Asociación Antidrogas de la República Argentina se cumplió inexorablemente.
El titular de la Asociación Antidrogas responsabilizó a Aníbal Fernández por la falta de radarización y dijo que el país es el único de América que no tiene forma de control alguno para frenar los vuelos clandestinos que llegan con estupefacientes.
Serán juzgados los acusados por traficar esa sustancia a México. Se estima que durará todo agosto y habrá unos 40 testigos. Entre ellos estará el sobrino del denominado "Rey de la efedrina"
Como presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina me siento en el deber de comunicar la verdad sobre Duhalde y las drogas, tras analizar los distintos expedientes en los que aparece su nombre. Esta resonante historia de mentiras que apuntan a Eduardo Duhalde desde la década pasada, es menester desmenuzar en cada uno de sus capítulos, que fueron escritos por distintos mitómanos que transitan la vida política y psiquiátrica de Argentina.
El ultimo informe de la Oficina Contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas sobre el consumo mundial de cocaína muestra la cruda realidad de nuestro país en cuanto a la falta de prevención y de programas que lleven a evitar el consumo.
Una banda integrada por 11 mexicanos y nueve argentinos comenzó a ser juzgada hoy por un tribunal de la periferia oeste de Buenos Aires, que los acusa de tráfico de efedrina.
Si bien el ministro de Justicia aseguró que no hay sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Federal, desde la Procuración Penitenciara sostienen que dicho cómputo no tiene en cuenta los miles de detenidos federales alojados en dependencias provinciales. La perspectiva de una Asociación Civil que estudia el tema y el panorama del Defensor del Pueblo.
Una crónica detallada del accionar impune de una organización criminal y los gestos valientes de ciudadanos y organizaciones sociales que luchan por corregir lo mal parido. Desde el 2006, el Poder Ejecutivo Nacional tiene información precisa del Cártel Dominicano que esclaviza mujeres en sus prostíbulos y provee drogas a metros de la Sede de Policía Federal. A solo tres meses de realizadas, las denuncias de la ex agente de policía federal Nancy Graciela Miño Velázquez parecen caer en el olvido.