El presidente mexicano Felipe Calderón estuvo nuevamene ayer en Ciudad Juárez. Las diferentes mesas de trabajo encargadas de llevar adelante el Plan Social de Lucha contra el Crimen Organizado intercambiaron sus conclusiones. Un eje común recorre todas las preocupaciones: ¿cómo asegurar la participación ciudadana? El análisis de las mesas reveló la precariedad social en Chihuahua y un alto descrédito de la clase política. El blog mexicano Tinta Política realizó un interesante análisis sobre estos desafíos que enfrenta el Estado mexicano. Siete personas fueron ejecutadas en la víspera a la visita presidencial.

El periodista mexicano Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla , en su blog Tinta Política, precisó los desafíos que enfrenta el Plan Social de Lucha contra el Crimen Organizado propuesto por el presidente Felipe Calderón. "La ciudadanía debe jugar un papel esencial en las propuestas que se contemplen para enfrentar la crisis de seguridad de Ciudad Juárez. Felipe Calderón lo ha dicho una y otra vez" precisa Berezowsky.

¿Cómo lograrlo? es la preocupación que recorrió todas las conclusiones de las mesas de trabajo reunidas ayer en Ciudad Juárez. Berezowsky acerca una clara diferenciación entre dos conceptos claves de la teoría política: gobernabilidad o gobernanza. A continuación el texto publicado en Tinta Política.

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Aparentemente, alguien le aconsejó al Presidente ir por ese camino: el de la ciudadanía. El de llamar a la participación; el de proponer una solución articulada con las voces de muchos, para que no “se imponga una política desde el Gobierno” sino que “ésta provenga de la sociedad.”

El Gobierno buscará fomentar el debate y la participación a través de Internet. "Todos Somos Juárez" tendrá su sitio en la web.

Lo cierto es que el Gobierno Federal no ha brindado los mecanismos necesarios para que la ciudadanía participe; de hecho, sería muy difícil que lo hiciera si no tiene la infraestructura institucional previamente construida y la cultura política participativa lo suficientemente tejida para que exista una respuesta real de los ciudadanos.

Se trata de un trabajo de largo plazo, que no puede aplicarse de manera coyuntural. No se le puede pedir a “la gente” que participe en un caso específico; por lo contrario, la democracia a nivel local y la participación ciudadana deben de instalarse de manera consistente en diversos momentos y casos para ir, lentamente, obteniendo resultados favorables.

Pero el Gobierno en México nunca lo ha hecho. Se instalan foros de discusión para las reformas, se piden correos electrónicos y mesas de diálogo para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo...pero siempre se trata de una élite muy exclusiva y ni aún a ésta se le toma en cuenta.

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Tomemos por ejemplo el foro de la reforma política que creó el Senado recientemente, en el que invitó a académicos y especialistas a hablar de las necesidades de México en este sentido. ¿Cuántas de las voces ahí escuchadas serán en verdad tomadas en cuenta para la aprobación o rechazo de la iniciativa Presidencial en la materia?

En México, el cabildeo es más fuerte que el diálogo; la negociación de poder tiene más influencia que el consenso social.

El reto es histórico y tiene que ver con el sistema político del que nos hemos intentado emancipar durante las últimas dos décadas.

Aceptar que la solución de los problemas públicos no es tarea únicamente del Gobierno, sino de los tres actores sociales (gobierno, iniciativa privada y sociedad civil) ha sido una labor complicada para la administración pública.

La segunda parte del siglo XX fue testigo de la constante represión a los actores de la sociedad civil en nuestro país.

Hay que decirlo: cada vez más, se abren espacios para que organizaciones y ciudadanos se vean representados en la toma de decisiones. Sin embargo, considero importante hacer una distinción entre tres niveles de representación institucional de la ciudadanía:

En primer lugar, el nivel presencial (cuando se crean figuras dentro del gobierno para que miembros de la sociedad civil tomen parte de la discusión, pero no tienen capacidad de votar o decidir). Los famosos espacios ciudadanos que sólo sirven para aparentar que se está tomando en cuenta a los ciudadanos.

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Por otra parte, el nivel participativo (cuando la ciudadanía puede ejercer una presión institucionalizada en la toma de decisiones; en ese sentido, los mecanismos de democracia directa son claves: el plebiscito; la revocación de mandato; la iniciativa ciudadana y la candidatura independiente).

Y finalmente, el nivel delegacional, en el que son los mismos ciudadanos quienes llevan a cabo las funciones públicas: diseño e implementación de políticas, autonomía en el manejo presupuestal y la toma de decisiones; solución directa de sus problemas a nivel local, por sólo nombrar algunos.

Es el nivel que todos los ciudadanos desearíamos: el regreso del poder al individuo para tomar decisiones, sobre todo en nuestro ámbito local.

Y de ahí se desprenden también dos ideas que es importante considerar: la de gobernabilidad y la de gobernanza.

El primero, se refiere a una concepción en la que el gobierno se impone como el actor central del escenario público, por lo que la efectividad de las decisiones puede ser mejorada si se le otorgan mayores atribuciones, mejor capacitación y un nivel más alto de profesionalización. En otras palabras, la gobernabilidad entiende que las decisiones públicas deben de ser tomadas por el Gobierno en una caja de cristal, para que los ciudadanos sean capaces de observar los procesos y juzgar a los funcionarios públicos de una mejor manera.

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La gobernanza va aún más allá, pues el ciudadano ya no observa a la caja desde afuera sino que se introduce en ella para tomar parte de las decisiones y la construcción de lo público. La gobernanza se aleja del sentido clásico de gobernar desde el centro, con decisiones unilaterales siempre tomadas por una autoridad. Por lo contrario, busca eliminar los elementos jerárquicos de los sistemas de rendición de cuentas y sustituirlos con redes ciudadanas, que son lo que Guy Peters llama “una manera alternativa de conglomerar a la sociedad en torno a las acciones públicas de forma no corporativa”.

Si la gobernabilidad pone énfasis en la rendición de cuentas, la gobernanza se enfoca en la corresponsabilidad.

Regresando al caso mexicano, las últimas dos décadas han sido marcadas por la democratización del sistema político: la creación de autoridades electorales autónomas; el fomento del voto; la participación en la vigilancia de las elecciones. La gobernabilidad ha sido igualmente incipiente: mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cada vez más latentes (aunque continúan los debates respecto a la reelección; las candidaturas independientes, etc.)

Sin embargo, la gobernanza sigue siendo una comprensión aún alejada de las formas de comprender la participación. Sin ahondar en ello, se sugiere aquí que el corporativismo, en torno al que giró la vida pública nacional durante el siglo XX, continúa siendo un importante freno para que los procesos de gobernanza puedan ocurrir en nuestro país.

El Gobierno de Calderón debe plantearse eso hoy: ¿hasta qué punto desea llegar en la participación ciudadana? ¿Hasta dónde está dispuesto a abrir espacios para que los ciudadanos participemos? ¿Qué desea hacer una vez que hemos participado con los productos de esos ejercicios democráticos?

No se trata solamente de Ciudad Juárez. Si México quiere avanzar en el sentido de la democracia, abrir la política a la ciudadanía es esencial...mucho más que cualquier reforma política del Congreso o de las instituciones en general.

O ustedes, ¿qué opinan?