Antonio Maria Costa, Director Ejecutivo Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó un profundo análisis de los argumentos usados por centros de presión para implementar un libre mercado de drogas y advirtió que diferentes gobiernos nacionales plantean legalizar las drogas y cobrar impuestos por su producción y consumo para generar nuevas fuentes de ingresos fiscales, ante la crisis mundial. Y que la lucha contra el lavado de dinero no está en sus agendas. Esto desprotege la vida y la salud de las personas dijo y convocó a los Estado Miembros a garantizar el  acceso universal al tratamiento de la toxicomanía.

El prefacio del Informe Mundial sobre Drogas 2009, sirvió de tribuna para que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) alertara a la población mundial sobre el avance de los sectores que impulsan la creación de un libre mercado de drogas.

Para Antonio María Costa, director ejecutivo de la entidad, es necesario abordar  y repensar las críticas y desviaciones que ha tenido el actual sistema de fiscalización de estupefacientes. Pero aseguró que “las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir  estando,  controladas”.

A continuación el texto completo:

El final del primer siglo de fiscalización de drogas (que comenzó en Shanghái en 1909) coincidió con la  terminación del decenio dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las  drogas  (iniciado  en  1998  por  la  Asamblea General en su período extraordinario de sesiones sobre las drogas). Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas. El examen culminó con la  reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando   un   peligro   para   la   salud   de   la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir  estando,  controladas.  Habida  cuenta  de ello, los Estados Miembros confirmaron su apoyo inequívoco a los convenios y convenciones de las Naciones Unidas que han establecido el sistema de fiscalización internacional de drogas.

Al  mismo  tiempo,  la  Oficina  de  las  Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha puesto de relieve algunos efectos negativos, claramente  no  deseados  de  la  fiscalización  de drogas, que preanuncian la necesidad de celebrar un debate sobre las formas de hacerles frente. Últimamente,   se   han   alzado   algunas   voces, limitadas pero en aumento entre los políticos, los medios de difusión y hasta la opinión pública, que afirman: la fiscalización de drogas no está dando resultados. El volumen de estas voces sigue aumentando y el mensaje se está extendiendo.

Gran parte de este debate público se caracteriza por generalizaciones injustificadas y soluciones simplistas. Sin embargo, el eje mismo del debate destaca la necesidad de evaluar la eficacia del enfoque actual. Tras haber examinado la cuestión sobre la base de nuestros datos, la UNODC ha llegado  a  la  conclusión  de  que,  aunque  los cambios son necesarios, éstos deberían alentar diferentes medios de proteger a la sociedad contra las drogas, y no de impulsar el objetivo diferente de abandonar esta protección.

A. ¿De qué trata el debate sobre la despenalización?

Se han formulado distintos argumentos a favor de que se ponga fin a la fiscalización de drogas sobre la base de argumentos i) económicos, ii) de salud y iii) de seguridad, y una combinación de los tres.

I.   El   argumento   económico a  favor   de   la legalización de las drogas propugna: legalicemos las  drogas  y  generemos  ingresos  fiscales.  Este argumento está cobrando mayor popularidad ya que   los   gobiernos   nacionales   buscan   nuevas fuentes  de  ingresos  en  el  marco  de  la  crisis económica  actual.  Este  argumento  a  favor  de legalizar  y  gravar  no  es  ético  ni  económico. Propone un impuesto perverso, generación tras generación, a los grupos marginados (perdidos a causa  de  la  adicción)  para  estimular  la recuperación  económica.  ¿Acaso  los  partidarios de esta causa también están a favor de legalizar y gravar   otros   delitos   aparentemente   de   difícil solución como la trata de personas? Los esclavos de  hoy en día (que se cuentan por millones) indudablemente    generarían    buenos    ingresos fiscales que permitirían el rescate de bancos quebrados. El argumento económico también se basa   en   una   lógica   fiscal   equivocada:   toda reducción del costo de la fiscalización de drogas (debido  a  una  reducción  de  los  gastos  de  las fuerzas de seguridad) estará contrarrestada por un gran  aumento  de  los  gastos  de  salud  pública (debido al incremento del consumo de drogas). La moraleja  es  que  las  transacciones  perversas  no deben    legalizarse    simplemente    porque    son difíciles de controlar.

II. Otros han sostenido que, después de la legalización, podría evitarse una amenaza para la salud (como una epidemia de drogas) mediante la reglamentación  del  mercado  de  estupefacientes. Esto  también  es  ingenuo  y  corto  de  miras.  En primer   lugar,   cuanto   más   estrictos   sean   los controles (sobre cualquier cosa), tanto mayor  y más veloz será el mercado (delictivo) paralelo que aparecerá,   lo   cual   invalida   el   concepto.   En segundo  lugar,  sólo  unos  pocos  países  (ricos) pueden    permitirse    controles    tan    complejos.

¿Cómo afectará esto al resto (la mayor parte) de la humanidad? ¿Por qué desencadenar una epidemia de  drogas en el mundo en desarrollo en aras de argumentos libertarios formulados por un grupo de presión a favor de las drogas que puede darse el lujo de tener acceso a tratamiento por consumo de  drogas? Las drogas no son dañinas porque se fiscalicen,  se  fiscalizan  porque  son  dañinas;  y causan daño, sea el adicto rico y bello, o pobre y marginado.

Las estadísticas sobre drogas siguen siendo elocuentes. El crecimiento desmedido del pasado se ha aplacado y la crisis de las drogas del decenio de 1990 parece estar bajo control. Este Informe de 2009 aporta nuevas pruebas de que los cultivos para la producción de drogas (el opio y la coca) se han estancado  o  reducido.  Lo  que  es  aun  más importante, los principales mercados de opiáceos (Europa y Asia sudoriental), cocaína (América del Norte), y cannabis (América del Norte, Oceanía y Europa)  están  achicándose.  El  incremento  del consumo de estimulantes sintéticos, especialmente en Asia oriental y el Oriente Medio, es motivo de preocupación,  aunque  su  consumo  está disminuyendo en los países desarrollados.

III. La cuestión más grave atañe a la delincuencia organizada.  Toda  actividad  en  el  mercado fiscalizada por la autoridad  genera transacciones paralelas  ilegales,  como  ya  se  señaló. Inevitablemente, la fiscalización de estupefacientes ha generado un mercado delictivo de dimensiones macroeconómicas   que   usa   la   violencia   y   la corrupción para mediar entre la demanda y la oferta. Si    legalizamos    las    drogas,    la    delincuencia organizada perderá su actividad más lucrativa, afirman, pues, los críticos.

No lleguemos a conclusiones apresuradas. La UNODC tiene plena conciencia de las amenazas que plantean las mafias internacionales de drogas. Nuestras estimaciones del valor del mercado de drogas  (en  2005)  no  tuvieron  precedentes.  La Oficina también fue la primera en dar la voz de alarma sobre la amenaza del tráfico de drogas a países de África occidental y oriental, el Caribe, América  Central  y  los  Balcanes.  Al  hacerlo, hemos destacado la amenaza a la seguridad que plantea la delincuencia organizada, una cuestión que   ahora   se   examina   periódicamente   en   el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tras iniciar este debate sobre las drogas y la delincuencia,  y  tras  haber  reflexionado extensamente al respecto, hemos llegado a la conclusión    de    que    estos    argumentos    que relacionan  las  drogas  con  la  delincuencia organizada son válidos y deben tenerse en cuenta. Insto   a   los   gobiernos   a   que   reajusten   su combinación de políticas sin demora e impongan una mayor fiscalización de la delincuencia, sin disminuir la fiscalización de las drogas. En otras palabras, mientras que el argumento sobre la delincuencia  es  correcto,  las  conclusiones alcanzadas por sus partidarios son erróneas.

¿Por qué? Porque no estamos ante un problema económico, estamos ante un problema humano. La política económica es el arte de administrar el dinero y de lograr un equilibrio entre inflación y empleo,  entre  consumo  y ahorros,  entre contrapesos internos y externos. La vida humana es otra cosa. Si comenzamos a hacer concesiones respecto de ella, terminaremos  violando   los derechos humanos de algunos. No puede haber intercambios, ni quid pro quo cuando la salud y la seguridad están en  juego:  la sociedad debe,y puede, proteger ambos bienes con  determinación absoluta.

Insto a los heroicos partidarios de la causa de los derechos humanos en todo el mundo a que ayuden a la UNODC a promover el derecho a la salud de los toxicómanos: deben recibir ayuda y reintegrarse  a  la  sociedad.   La  adicción  es  un problema  de  salud  y  no  debe  encarcelarse  a  los afectados,  ni dispararse  contra  ellos,  ni  tampoco, como sugieren los defensores de este argumento, sacrificarlos para reducir la amenaza a la seguridad que plantean las mafias internacionales. Desde luego, estas últimas deben combatirse de la forma en que lo sugerimos más abajo.

B. Una mejor combinación de políticas

La relación entre la delincuencia y las drogas fue el  tema de un informe titulado La delincuencia organizada y la amenaza que supone para la sociedad: Cómo hacer frente a una preocupante consecuencia de la fiscalización de drogas  que presenté a la Comisión de Estupefacientes y a la Comisión  de  Prevención  del  Delito  en  2009. Habida cuenta de la importancia de esta cuestión, hemos dedicado un capítulo del Informe de este año a seguir examinando la cuestión y sus consecuencias normativas. A continuación se consignan algunos de los temas principales.

En primer lugar, los encargados de hacer cumplir la ley deberían centrarse en los traficantes, y no en los consumidores de drogas. La toxicomanía es un problema  de  salud:  las  personas  que  consumen drogas necesitan ayuda médica, no ser castigados como delincuentes. Debe prestarse atención a los grandes  consumidores  de  drogas.  Éstos  son  los que  más  drogas  consumen,  los  que  causan  el mayor daño tanto a sí mismos como a la sociedad y los que generan mayores ingresos a las mafias de  las  drogas.  Los  tribunales  especializados  en drogas  y  la  asistencia  médica  probablemente puedan crear sociedades más saludables y seguras que   el   encarcelamiento.   Insto   a   los   Estados Miembros a que luchen por el logro del objetivo del   acceso   universal   al      tratamiento   de   la toxicomanía  como  un  compromiso  para  salvar vidas y reducir la demanda de drogas: esto traerá aparejados la caída de la oferta y los ingresos de la   delincuencia  conexos.  Avancemos  hacia  el logro  de  este  objetivo  en  los  próximos  años  y luego  evaluemos  sus  repercusiones  beneficiosas en la  próxima oportunidad en que se reúnan los Estados Miembros para examinar la eficacia de la política sobre drogas (2015).

En segundo lugar, debemos poner fin a la tragedia de las ciudades fuera de control. Las transacciones sobre drogas, al igual que la mayoría de los delitos, se  producen en entornos urbanos controlados por grupos delictivos. Este problema empeorará en las megaciudades   del   futuro,   a   menos   que   la gobernanza siga el ritmo de la urbanización. Sin embargo, detener a personas y confiscar las drogas de  uso personal es como arrancar malas hierbas, hay   que   volver   a   hacerlo   al   día   siguiente. El problema  sólo  puede  resolverse  abordando  la cuestión de los barrios marginales y el abandono en nuestras ciudades, mediante la renovación de la infraestructura  y  la  inversión  en  las  personas, ayudando especialmente a los jóvenes, que son vulnerables a las drogas y al delito, mediante educación, empleo y deportes. Los guetos no crean toxicómanos ni desempleados, a menudo sucede precisamente  lo  contrario.  Y  en  este  proceso prosperan las mafias.

En tercer lugar, y esto es lo más importante, los gobiernos deben valerse, a nivel individual y colectivo,  de  los  acuerdos  internacionales  para luchar contra la sociedad “incivil”. Esto significa que deben ratificarse y aplicarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los protocolos conexos sobre la trata de personas, las armas y los migrantes. Hasta ahora, la comunidad internacional no ha asumido estas obligaciones internacionales   seriamente.   Mientras   los habitantes de barrios marginales sufren, África es objeto   de   ataque,   los   carteles   de   la   droga amenazan América Latina y las mafias se infiltran en   las instituciones financieras quebradas, los negociadores subalternos en estas Conferencias de las Partes de las Convenciones debaten procedimientos burocráticos y oscuros conceptos de     inclusividad,    sentido    de    identificación, amplitud  y falta de ordenamiento. Hay grandes lagunas en la aplicación de las Convenciones de Palermo y de Mérida, varios años después de su entrada en vigor. Como resultado, varios países se enfrentan   con   una   situación   de   delincuencia causada en buena medida por las opciones que han elegido. Eso ya es de por sí bastante malo. Peor   aun   es   que,   a   menudo,   sus   vecinos vulnerables pagan un precio aun mayor.

Nuestros países pueden hacer mucho más para enfrentarse con la fuerza brutal de la delincuencia organizada: también debe abordarse el contexto en el que operan las mafias.

•  El blanqueo de dinero está generalizado y prácticamente no tiene oposición, en un momento   en   que   los   préstamos interbancarios  se  han  agotado.  Hoy no  se atiende  a  las  recomendaciones  formuladas para   prevenir   el   uso   de   instituciones financieras para el blanqueo de dinero más que para transgredirlas. En un momento en que los principales bancos quiebran, los banqueros parecen pensar que “el dinero no huele”.   Los   ciudadanos   honrados,   que luchan contra las penurias  económicas,  se preguntan   por   qué   no   se   decomisa   el producto     del     delito,     convertido     en ostentosos bienes inmuebles, automóviles, barcos y aviones.

• Otro contexto al que debe prestarse atención es el relativo a uno de los mayores bienes de la    humanidad,    Internet.    Ha    cambiado nuestra vida, especialmente la forma en que llevamos a cabo los negocios, las comunicaciones, las investigaciones y el esparcimiento.     Sin     embargo,     Internet también se ha convertido en un arma de destrucción en masa para los delincuentes (y los terroristas).

Curiosamente,   y   pese   a   la   ola   actual   de delincuencia, los llamamientos a que se adopten medidas en contra del lavado de dinero y el delito informático no tienen respuesta. En este proceso, la política sobre drogas carga con la culpa y se la menoscaba.

C. Dos veces “NO”

En suma, la delincuencia organizada transnacional nunca se detendrá mediante la legalización de los estupefacientes.   Las   arcas   de   las   mafias   se alimentan también del tráfico de armas, personas y sus órganos, la falsificación y el contrabando, la extorsión y los préstamos usurarios, los secuestros y  la  piratería,  así  como  la  violencia  contra  el medio ambiente (la tala ilegal, el vertimiento de desechos   tóxicos,   etc.).   El   argumento   que favorece las concesiones entre la droga y la delincuencia que se analiza supra es el mismo que promueve el viejo programa de legalización de los estupefacientes, que propugnan permanentemente los grupos de presión a favor de las drogas. (Obsérvese que los partidarios de esta postura no la    ampliarían   para   incluir   las   armas,   cuya fiscalización, afirman, debería realmente hacerse cumplir y aumentarse; en otras palabras, no a las armas, sí a las drogas.)

Hasta ahora, la mayor parte de nuestra sociedad se ha  opuesto tenazmente y con éxito, al programa de  legalización de estupefacientes. Sin embargo, debe cambiar la política de lucha contra la delincuencia.  Ya  no  basta  con  decir:  no  a  las drogas. Ahora debemos afirmar con la misma vehemencia: no a la delincuencia.

No  queda  más  opción  que  mejorar  tanto  la seguridad   como   la   salud.   Poner   fin   a   la fiscalización de los estupefacientes sería un error colosal. Igualmente    catastrófico    es    seguir haciendo caso omiso de la amenaza que la delincuencia organizada plantea a la seguridad.

Antonio Maria Costa
Director Ejecutivo Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito