La inseguridad, el talón de Aquiles del gobierno de Vázquez, es la principal preocupación para miles de uruguayos y será encarada como prioridad por el nuevo presidente uruguayo José Mujica. Todos coinciden que hoy el problema pasa por el consumo de pasta base. En muchos dirigentes de izquierda genera urticaria hablar de la Policía como cuerpo represor del Estado, pero hubo un aprendizaje sobre la marcha.

En el Frente Amplio lo admiten: la seguridad pública es el gran "debe" para un segundo gobierno de izquierda. Las cifras así lo muestran: una encuesta de Cifra indicaba en abril que nueve de cada diez uruguayos consideraban que la delincuencia creció en los últimos dos años y la mayoría decía que "aumentó mucho". Todos coinciden que hoy el gran problema es resultado del consumo de pasta base.

En agosto, otra encuesta de la misma firma indicaba que la seguridad era el tema "preferido" de la campaña para la población: el 22% de los uruguayos quería que los candidatos abordaran en primer lugar el tema de la delincuencia y, en un segundo lugar, otro 19% preferiría que el tema principal fuera el empleo.

La Nueva Política Antidrogas

El presidente frenteamplista José Mujica ha sido particularmente claro en la línea que seguirá su gobierno en materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.

Por ejemplo, en noviembre de 2008 -antes de ser el candidato oficial del Frente- propuso mecanismos legales "coercitivos" para los menores adictos.

"Si un muchacho se pichicatea no puedo hacer nada, salvo que la familia decida tratarlo. Hay que cambiar el derecho, agarrarlo del forro y meterlo en una colonia para sacarle el vicio a prepo", advirtió el hoy presidente electo.

Dentro de su propuesta de campaña propuso mantener y profundizar la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y otros grupos del crimen organizado. Reestructurar el sistema de privación de libertad, tanto para adultos como para adolescentes, creando una cárcel de alta seguridad y equipos de tratamiento de drogas en las cárceles.

También propusieron crear un instituto de rehabilitación para adolescentes y jóvenes. Darle rango nacional a la Guardia Republicana, Duplicar el presupuesto de seguridad y potenciar la Policía Comunitaria, que actuará sobre hurtos, arrebatos y copamientos.

En este sentido, la dirigencia izquierdista del Uruguay sufrió un duro aprendizaje. "La gente tiene derecho a trabajar y vivir segura. Yo soy dura con el delito. Ninguna persona de izquierda puede decir lo que se decía hace años: solucionemos los problemas sociales y se acabará la violencia y el delito. Eso es ganso" dijo tiempo atrás la ex Ministra del Interior, Daisy Tourné.

Un Largo Aprendizaje

Durante el gobierno de Tabaré Vazquez pasaron tres ministros del Interior y hubo cuatro interpelaciones.

Históricamente el Ministerio del Interior uruguayo ha sido una "tumba de cracks": el ex ministro blanco Juan Andrés Ramírez (1990-1993) enfrentó por primera vez una huelga policial y los ministros colorados Didier Opertti, Guillermo Stirling y Luis Hierro (entre 1995 y 2004) no lograron frenar la creciente manifestación delictiva.

Junto al de Economía, el Ministro del Interior ha sido de los más interpelados en el actual período. Hubo cuatro llamados a sala: dos para José Díaz (por la fuga de presos en el Penal de Libertad en noviembre de 2005 y por la situación de inseguridad en Maldonado en octubre de 2006) y dos para el nuevo ministro Jorge Bruni (por el "maquillaje" en las cifras de delitos en septiembre y hace pocas semanas por el caso Feldman). Además, la bancada blanca presentó una solicitud de censura a Díaz, tiempo después de la segunda interpelación. La ministra Daisy Tourné no fue interpelada, pero acudió muchas veces a comisión.

La posición histórica de la izquierda, que sustentaba Díaz (el primer ministro de este gobierno), es que hay una base sociológica en gran parte del comportamiento delictivo y que la represión a veces conduce a mayor violencia.

En muchos dirigentes de izquierda genera urticaria hablar de la Policía como cuerpo represor del Estado, por lo que hubo un aprendizaje sobre la marcha.

La oposición puso el foco en la inseguridad desde el comienzo de este gobierno, con el argumento de que los ministros han sido inocuos y que tuvieron temor a ejercer la autoridad.

En la campaña electoral, el candidato blanco Luis Alberto Lacalle intentó poner el tema como central y por momentos lo logró. El lunes 23, cuando presentó sus medidas vinculadas a la inseguridad, Lacalle dijo que "la gente clama por represión". Unas horas después Mujica le respondió que no sabe si realmente "la gente está clamando" por eso.

El Frente Amplio apenas incluyó media página de seguridad en su programa votado en el Congreso en diciembre pasado, pero cambió la pisada este año: luego de las elecciones internas Mujica nombró a Eduardo Bonomi, principal referente en seguridad, y el tema fue colocado como prioritario en los lineamientos programáticos presentados en septiembre.

De hecho, en un librill o publicitario del Frente divulgado con los diarios en septiembre, se asumía que los avances en seguridad han sido muy pocos.

PARLAMENTO

Díaz y su subscretario Juan Faroppa (marzo 2005 a marzo 2007) estuvieron al frente de una criticada gestión en Interior. Una de las primeras medidas que tomaron fue derogar el decreto 690/980, conocido popularmente como "decreto de las razzias", que permitía a la Policía efectuar detenciones "en averiguación". También derogaron el que habilitaba a la Policía a desocupar lugares de trabajo, algo que el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi admitió como un error.

Pero la medida más criticada por la oposición fue la ley de humanización y descongestionamiento carcelario, que pretendía descomprimir las cárceles. Las cifras indican que el índice de reincidencia de los 900 liberados fue del 28%. Pero la situación de las cárceles no mejoró y en marzo pasado un lapidario informe del relator de la ONU, Mandred Nowak, afirmó que hay "riesgo de colapso del sistema penitenciario". Díaz también dio aire a los sindicatos policiales, que se crearon bajo este período.

Un año después de dejar el cargo, Faroppa dijo a El País que aquella gestión "no fue blanda ni pusilánime". Y justificó: "Era la primera vez en la historia del país que la izquierda llegaba al gobierno. Había que entrar en un territorio absolutamente desconocido, fue como el desembarco de Normandía".

Díaz afirmó que "hubo una campaña espuria, ajena a la verdad" respecto "a la mano blanda" en su gestión. "Siempre se actuó con firmeza, pero con respeto a la ley y los derechos humanos. Jamás se actuó con blandura", indicó.

Al final de su período, Díaz inició la elaboración de la ley de procedimiento policial, que originalmente permitía los allanamientos nocturnos sin orden judicial y que muchos vieron como un viraje hacia una política de seguridad más dura.

Esa ley establece normas para la actuación policial. La versión final, negociada con la oposición, eliminó el artículo que permitía el ingreso policial en hogares, aun de noche y sin orden. Se suavizó el pedido de identificación en vía pública pero, aun así, muchos artículos van contra el pensamiento tradicional del Frente.