Por OSCAR ESCAMILLA, BOGOTA - El poder económico del narcotráfico colombiano "es hoy más grande que nunca", advirtió Ricardo Vargas, uno de los mayores expertos en el tema en el país, en momentos en que el gobierno de Alvaro Uribe profundiza el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de drogas y el "terrorismo". Todo comenzó durante los años 60 con la inocente marihuana.

"La economía de las drogas en Colombia está absolutamente consolidada, el potencial de producción de cocaína en el país está boyante y el narcotráfico está más invisible que hace 10 ó 20 años, es decir, el poder de esa economía es mucho más grande hoy que nunca", declaró a ANSA Vargas, sociólogo y director de la ONG Acción Andina Colombia.

En este contexto, el gobierno firmó la semana pasada un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que permite que militares y contratistas de ese país dispongan de siete bases locales, bajo el argumento que necesita ese apoyo en su lucha contra el narcotráfico y el "terrorismo".

El país sudamericano ajusta cerca de tres décadas de lucha contra las organizaciones que trafican con drogas ilícitas y unos 20 años intentando erradicar con diversos métodos los campos cultivados con hoja de coca, sin que hasta ahora logre eliminar de tajo ambos problemas.

"Colombia es el mayor país de cultivo del arbusto de coca, con 81.000 hectáreas, seguido de Perú, 56.100, y Bolivia 30.500", dijo el reporte anual de 2008 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Para la Colombia gobernada por Alvaro Uribe, en cuyos siete años de mandato el tema central es la lucha contra los grupos guerrilleros, las FARC, según especialistas, se convirtieron en el principal cartel de las drogas en el país. "El narcotráfico se vuelve cada vez más la principal fuente económica para las FARC debido a la falta de recurso", dijo el vicepresidente Francisco Santos a periodistas en una reciente reunión con prensa extranjera.

Las FARC, según la versión del gobierno, encarnan en sí mismas tanto el "terrorismo" como el narcotráfico que Bogotá combate con su aliado estadounidense y son a la vez uno más de los recientes enemigos en esa cadena de capos, carteles y organizaciones de traficantes de la historia mafiosa del país.

"El 80% de los ingresos de las FARC provienen del narcotráfico y de su asociación con bandas criminales", dijo a la prensa local el general Oscar Naranjo, director de la policía colombiana, cuya carrera se construyó a base de arrestar jefes del narcotráfico y acabar con sus carteles.

Así las cosas, Colombia pasó de los excéntricos y pintorescos traficantes de marihuana de los años 70, a organizaciones armadas con ejércitos de sicarios en los 80 a la cabeza de Pablo Escobar, quien desató una guerra contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos.

La violencia extrema de Escobar fue sofocada en parte por el gobierno de entonces -encabezado por César Gaviria (1994-1998)- y por una asociación de traficantes a quienes el capo también atacó, algunos de los cuales se convertirían luego en los jefes de los grupos paramilitares, como fue el caso de Fidel Castaño, fundador de los ultraderechistas.

Los gobiernos sucesivos a Gaviria tuvieron que enfrentar al cartel de Cali, cuyos jefes máximos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez terminaron en cárceles estadounidenses.

Luego sobrevino la lucha contra el cartel del Norte del Valle, una escisión del cartel de Cali, hasta que al final algunas de sus cabezas terminaron extraditados a Estados Unidos o muertos.

A la desaparición de esos grupos se pusieron en la lista de combate por parte de Bogotá nuevos y emergentes jefes del narcotráfico, a decir: Daniel Barrera, "Loco Barrera"; Pedro Guerrero, "Cuchillo", y Luis Calle, "Comba", por los que se ofrecen millonarias recompensas en dólares.

"El reto es la captura de cuatro grandes criminales", aseguró el general Naranjo, para quien su "neutralización" llevaría al "fin de los narcotraficantes que todavía tienen connotación nacional".

Pero para el investigador Ricaro Vargas, el "problema" del narcotráfico en Colombia "se ha complejizado" y resulta simplista reducirlo a la eliminación de los nuevos capos. A su entender lo que hay que hacer es emprender un tratamiento más amplío del fenómeno que lleve a la "descriminalización de algunas drogas".

"No se trata de pasar la prohibición a la legalización sino dar un recorrido que permita un mejor manejo del problema del origen de manera directa sobre alternativos distintas a la represión", apuntó Vargas.