El mismo día que las autoridades descubrieron en Tijuana un túnel con raíles y luz eléctrica para pasar marihuana desde México a Estados Unidos, otra frontera fue cruzada: la de los 10.000 muertos.

Desde principios de enero al 3 de noviembre, ya son 10.035 los fallecidos relacionados con la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón a principios de 2007. Según pone de manifiesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la guerra de Calderón ha provocado más bajas en un año que las registradas durante todo el sexenio del presidente Vicente Fox -del año 2000 al 2006-. De un tiempo a esta parte, cada éxito de la lucha contra el crimen organizado -el descubrimiento del túnel o la aprehensión reciente de 134 toneladas de marihuana- es inmediatamente sepultado por un aluvión de noticias a cual más terrible.

Hoy mismo, los noticieros mexicanos no sabían qué emitir en primer lugar. Si las imágenes de la boca del túnel de Tijuana o los trabajos para extraer 18 cadáveres enterrados en una huerta de cocos de Acapulco. El túnel de Tijuana medía 600 metros, disponía de iluminación, ventilación y un rústico sistema de raíles para pasar la droga desde México a Estados Unidos. Las autoridades estiman que llevaba abierto seis meses y, entre un lado y otro de la frontera, encontraron 25 toneladas de marihuana perfectamente empacada. Lo de Acapulco es más macabro. A falta de las pruebas forenses que lo confirmen, todo indica que los 18 cadáveres por ahora encontrados pertenecen a un grupo de turistas procedente del Estado de Michoacán que fue secuestrado el pasado 30 de septiembre. Aunque en apariencia muy distintos, los dos sucesos tienen algo en común.

Y ese algo es el poderío que, casi cuatro años después de que Calderón emprendiera su guerra a muerte, siguen teniendo los carteles del narcotráfico. En circunstancias normales, es el estado de derecho el que, tras la comisión de un delito, persigue a los delincuentes hasta atraparlos y juzgarlos. En México, en la práctica, sucede lo contrario. Ni el narcotúnel ni la narcofosa fueron hallados gracias a la investigación de la Policía o el Ejército. Fueron los propios grupos criminales los que, en distintas llamadas, guiaron a las autoridades hasta el túnel construido por el cartel rival o hasta la fosa cavada como escarmiento. Todo acompañado de vídeos colgados en internet donde sicarios encapuchados interrogan y torturan a sus rivales para hacerles decir quién mató a quién. México se asemeja en este momento a un sangriento mundo al revés donde la iniciativa la lleva el crimen organizado y las autoridades, como en Ciudad Juárez, se limitan a asegurar el lugar del crimen y a repartir ataúdes gratis. ¿Hasta cuándo?

Es la pregunta sin respuesta. En un estudio publicado en la revista Nexos por el experto Eduardo Guerrero, la violencia asociada al narcotráfico no hace más que incrementarse. "Se ha dicho", sostiene, "que México ya arrastraba el crimen organizado desde el sexenio anterior. Esto sólo es parcialmente cierto: de 2001 a 2007 el número de homicidios vinculados con el crimen organizado se movió en un rango relativamente bajo: entre 1.000 y 2.300 ejecuciones aproximadamente. Por contraste, entre 2008 y 2010 la violencia registró un aumento drástico: 5.207 ejecuciones en 2008; 6.587 en 2009 y quizás unas 11.800 en 2010". Por el momento, ya se cruzó la frontera de los 10.000 muertos. Como sostiene Guerrero, de continuar la misma tendencia, 2010 finalizará con el doble de asesinatos que los registrados en 2009. Comparado con estos datos, el descubrimiento en Tijuana de un túnel para pasar droga se antoja un consuelo demasiado pequeño.