Por sus nefastos efectos en la salud humana y en la sociedad, el cultivo y distribución de la marihuana son severamente condenados en Cuba. El pico más alto de tráfico y consumo de drogas se dio entre los años 2001 y 2002. Frente a ello, la Asamblea Nacional Popular lanzó lo que denominaron la Operación Coraza Popular. Un abordaje policial, sanitario, educativo y social que movilizó a toda la sociedad contra el narcotráfico.

En esta nota, el teniente coronel Ignacio Turcios Lima Tamayo alerta al pueblo cubano sobre los poderes mundiales que pretenden legalizar el comercio de estupefacientes, detrás del ropaje de los discursos despenalizadores.

Lima Tamayo tiene a su cargo la Cátedra Antidrogas del Instituto Superior del Ministerio del Interior Cubano, y fue parte integral del rediseño en el año 1999 de la legislación penal de Cuba.

Con la Ley 87, se realizaron modificaciones importantes referidas al aumento de los marcos sancionadores en los casos de delitos de drogas estableciéndose la pena de muerte para delitos de tráfico ilícito cualificados, la tipificación del delito de lavado de dinero y la aplicación de la confiscación de bienes y productos del tráfico ilícito de drogas.

Incluso el Plan Nacional de Prevención de Drogas de Cuba está basado en los artículos del 190 al 193 del Código Penal, donde condenan las actividades ilícitas de producción, ventas, demandas, tráfico, distribución y tenencias de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares con sanciones de hasta 30 años de privación de libertad.

A continuación publicamos la nota “Quien Cannabis siembra, males cosecha” de Lima Tamayo, la cual forma parte del Plan Nacional Coraza Popular. En la misma, el militar cubano explicita las posiciones cubanas ante el narcotráfico y la marihuana en particular.

Quien Cannabis siembra, males cosecha

GRANMA | En el 2008 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito centró su campaña en el tema de la producción y el cultivo de las drogas ilícitas, dirigida a sensibilizar a la opinión pública y a promover la voluntad política de los gobiernos en el enfrentamiento a este mal que azota a la humanidad.

En Cuba, las drogas ilícitas se conciben como la antítesis de la Batalla de Ideas, afirma el teniente coronel Ignacio Turcios Lima.

Actualmente en algunos países desarrollados se aprecian tendencias encaminadas a legalizar la producción y tenencia de la planta conocida como Cannabis Indica o marihuana, aduciendo una supuesta "benignidad de efectos" y ciertas acciones terapéuticas.

Sin embargo, estudios científicos destacan que aun cuando existen determinados principios activos de la Cannabis que, luego de su aislamiento, han manifestado algunos resultados terapéuticos, solo se trata de "principios activos aislados de la planta y no de flores, hojas, tallos, resina o aceite del arbusto, que son las formas de presentación a los consumidores... Frente a lo señalado está el hecho irrebatible de que para cada efecto positivo planteado, existe un medicamento mucho más barato, carente de los efectos adictivos y tóxicos, y que resulta, por tanto, mucho más efectivo". (*)

Marihuana: antítesis de la Batalla de Ideas

Mientras en el mundo afloran algunas corrientes a favor de la despenalización, la cual ha mostrado ya sus efectos negativos —subraya el teniente coronel Ignacio Turcios Lima Tamayo, primer profesor de la Cátedra Antidrogas del Instituto Superior del Ministerio del Interior Capitán San Luís—, en Cuba las drogas ilícitas se conciben como la antítesis de la Batalla de Ideas. Esta última busca el desarrollo espiritual y social del hombre; en sentido opuesto las drogas destruyen el universo del individuo y lo reducen a la búsqueda y contacto de estas dañinas sustancias.

¿Qué consecuencias trae para la salud humana el consumo de la marihuana?

Quienes se aventuran desconocen que esta planta posee, entre otros, 36 componentes activos, es decir, sustancias capaces de dañar severamente a corto, mediano o largo plazo la salud humana.

En esta droga, clasificada como psicodélica o perturbadora, el principio activo más significativo es el Delta 9 tetrahidro-cannabinol (THC), el cual crea distorsión en el espacio y en el tiempo, daña de manera sensible la racionalidad y disminuye la concentración de espermatozoides en los hombres.

En el caso de la mujer en edad fértil la concentración de THC se impacta de manera brutal sobre el feto, el cual recibe cantidades elevadas de sustancias tóxicas causantes de diversas enfermedades, desde padecimientos respiratorios y cardiacos hasta el debilitamiento general del sistema inmunológico.

Además, acelera el desarrollo de células cancerígenas y la destrucción progresiva de las neuronas, lo cual conduce a la pérdida paulatina de la memoria. Es decir, que lejos de ganar capacidades, la persona poco a poco las va reduciendo.

A esto se suma el hecho de que al consumir marihuana, ya sea por embullo, presión grupal o desconocimiento de cuánto daño provoca, el individuo puede adoptar actitudes impredecibles: desde relajamiento y locuacidad hasta depresión y extrema violencia.

Algunos tratan de cubrir un vacío emocional con el consumo de estos tóxicos, pero en realidad agregan a sus vidas, a las de sus familiares y amigos, y a la comunidad, otros grandes problemas.

Por lo que también tiene un fuerte impacto social...

Las actividades ilícitas de drogas pueden generar una desestabilización interna en cualquier sociedad; la destruye, socava las bases sociales, pues donde hay drogas hay violencia, corrupción, lavado de dinero y un amplio espectro delictivo (asesinatos, homicidios, robos, accidentes de tránsito... ).

En nuestro país el periodo especial agudizó los problemas económicos y con ellos las actividades delictivas —entre ellas la droga— tuvieron determinada incidencia. Ciudadanos inescrupulosos comenzaron a introducir la siembra aislada de la marihuana, pretendiendo crear un espacio en el seno de la sociedad cubana para tan nefasto vicio.

No podemos olvidar, además, que en el caso de Cuba el fenómeno droga ha sido politizado por las distintas administraciones estadounidenses, quienes ven en el tema una punta de lanza contra la Revolución y tratan de lograr que, bajo el pretexto del combate contra el narcotráfico, se desarrolle una agresión militar a gran escala contra nuestro país.

Aquí hemos alcanzado un desarrollo integral en esta lucha, que es de todos y con todos. Tenemos la experiencia única en el mundo de ser un pueblo donde sus estructuras gubernamentales y partidistas comparten un solo criterio sobre las drogas ilícitas: con ellas no hay arreglo ni lo habrá.

¿Cómo se enfrenta esta problemática en el ámbito jurídico

Cuba es firmante de la Convención Única de Estupefacientes (1961), del Convenio de Sustancias Psicotrópicas (1971) y de la Convención Única de Estupefacientes y Psicotrópicos, de 1988, todos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual implica la alta responsabilidad de nuestro Estado de hacer cumplir la letra de cada una de dichas normativas.

Esta voluntad política se refleja también en el Plan Maestro de la República de Cuba, presentado en 1993 ante la ONU, el cual incluye entre sus objetivos mantener a la población cubana fuera del impacto del uso de las drogas, además de defender la soberanía del país frente a las operaciones internacionales de narcotráfico.

Asumir tales compromisos con total seriedad siempre ha sido una línea invariable de la Revolución, incluso antes del triunfo. Así lo demuestra un hecho sin precedentes: el único movimiento revolucionario que en el mundo ha establecido una normativa jurídica antidrogas ha sido el Ejército Rebelde, al poner en vigor la Disposición número 6 para los territorios liberados.

Firmada el 7 de octubre de 1958 por el Comandante en Jefe Fidel Castro y por Faustino Pérez (en plena Sierra Maestra), la regulación prohíbe y condena enérgicamente la cosecha, comercialización y consumo de drogas, específicamente de la marihuana, dada las incidencias de los sembradíos detectados en el teatro de operaciones militares. Hoy, casi 50 años después, sus preceptos mantienen una vigencia total.

El Código Penal cubano condena las actividades ilícitas de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares, con sanciones que pueden llegar hasta 30 años de privación de libertad o la muerte.

Derivado de la gravedad de estos hechos surge el Decreto-Ley 232, del año 2003, el cual condena con la confiscación de la vivienda o local, o la pérdida de sus derechos sobre estos, al propietario o arrendatario, respectivamente, que produzca, trafique, adquiera, guarde, oculte o de cualquier otro modo permita que se realicen en ellos actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con las drogas ilícitas.

Cuando se trate del cultivo de la marihuana o de la realización de las actividades antes mencionadas en zonas rurales, la normativa dispone la confiscación de las tierras y de los bienes agropecuarios del propietario, o la pérdida de derechos sobre las mismas si es usufructuario.

Si los hechos enunciados se producen en el territorio de una Cooperativa de Producción Agropecuaria o de una Unidad Básica de Producción Cooperativa, se procederá a la privación de los derechos correspondientes del infractor y a una fuerte penalización económica a la entidad, en dependencia de la negligencia, falta de vigilancia y control de la misma.

¿Estas legislaciones son la única garantía para poner coto a las drogas ilícitas?

Realmente es a la sociedad a quien corresponde poner en práctica las normativas jurídicas. Ese ciudadano común, opuesto a toda actividad ilícita de drogas, es quien logra, junto con todo nuestro pueblo, la efectividad de la ley, y lo hace a partir de la convicción social de la necesidad de ganar esta batalla.

En la medida en que nosotros logremos identificar los peligros de la marihuana y de otras drogas ilícitas, y enfrentarlos, estaremos garantizando la continuidad de la Revolución cubana y asegurando el futuro de la nación.

(*) Tomado del libro Usted puede prevenir, detectar y vencer las adicciones, del doctor Ricardo González Menéndez, jefe de Docencia Superior del Hospital Psiquiátrico Eduardo Ordaz, de Ciudad de La Habana, y presidente de la Sociedad Cubana de Psiquiatría.